La Federación Colombiana de Periodistas Fecolper, presentó el informe sobre afectaciones a la libertad de prensa del año 2017 “Las fórmulas del silencio”, un registro de las vulneraciones sistemáticas que tienen como propósito amordazar la verdad y son el resultado de las deficientes garantías con las que se ejerce el periodismo en Colombia.

Durante 2017, se registraron 276 vulneraciones, con un total de 326 víctimas.

Las amenazas 30,4%, seguidas por las agresiones físicas 10,7% y las obstrucciones al trabajo periodístico 9%, son las formas de violencia más recurrentes.

Sorprende que el Estado, con la sumatoria de los casos atribuibles a funcionarios públicos y la fuerza pública, con 83 casos en conjunto, 25% del total de casos, encabece la tabla de agresores contra la libertad de prensa. Los particulares son responsables de igual porcentaje de los casos totales.

Las zonas de mayor dificultad para ejercer el periodismo, seguidas de la capital del país 25,7%, son los departamentos de Antioquia 10,5%, Cauca 9,42%, Santander 5,43% y Valle del Cauca 5,07%.

Las cifras reflejan que se mantiene como forma de violencia más recurrente la amenaza individual y colectiva, con un registro de 99 casos que corresponden a casi un tercio 30,4% del total de agresiones contra el ejercicio periodístico.

En segundo lugar, se ubican las agresiones físicas con un total de 35 casos 10,7% y la obstrucción al trabajo periodístico con un total 29 casos 8,9%. La sumatoria de casos correspondientes a estos tres tipos de agresiones 163 casos, representa casi el 50% de las formas de violencia registradas durante 2017.

Es importante tener en cuenta que desde 2014, la Fecolper ha registrado una permanencia de estas 3 formas de violencia en los primeros lugares del ranking de agresiones.

En el informe además se hace referencia al uso de la estigmatización y el señalamiento como formas de desprestigio de la actividad periodística y quienes la ejercen, por parte de funcionarios públicos, especialmente aquellos que ocupan cargos de elección popular.

De los 24 casos correspondientes al 7,4% del total de agresiones, 19 son atribuibles a funcionarios públicos lo que representa el 76% de todas las agresiones ocurridas en 2017.

Adicionalmente, se advierte sobre el aumento de acciones legales que se interponen contra periodistas y medios de comunicación como forma de acoso judicial, a través de denuncias por injuria, calumnia e incluso pánico económico y se hace énfasis en un desmedido uso del derecho a la rectificación sin que este procediera.

La mayor concentración de agresiones contra periodistas se sigue registrando en Bogotá, con 71 casos reportados 25,72%, seguido de Antioquia 10,5%, Cauca 9,42%, Santander 5,43% y Valle del Cauca 5,07%.

La sumatoria de casos registrados en estos 5 lugares es de 155 que lograron afectar a 179 periodistas víctimas. En otras palabras, Bogotá junto a los 4 departamentos que encabezan el ranking concentran más del 50% del total de agresiones a la libertad de prensa en todo el país y se resalta el aumento significativo de agresiones a la libertad de prensa en departamentos como Cauca y Santander, que tuvieron un ascenso significativo en el ranking, llegando a posicionarse en los primeros 5 lugares.

Sobre los presuntos responsables de las afectaciones, la primera posición es ocupada por particulares 83 casos, seguida por autores desconocidos 81 casos, funcionarios / servidores públicos 49 casos, la Fuerza Pública 34 casos – en su mayoría integrantes de la Policía Nacional, particularmente el Esmad – y paradójicamente se registra un aumento significativo de agresiones provenientes de las guerrillas, 15 casos que se ubican en quinto lugar.

Preocupa fundamentalmente que se mantenga la tendencia alertada por la Fecolper en 2016, que ubica a los funcionarios públicos como principales agresores contra la libertad de prensa. En los casos de campañas de desprestigio o estigmatización y obstrucciones al trabajo periodístico son los funcionarios públicos los principales agresores como lo evidencian las cifras.

Los funcionarios públicos fueron los principales responsables en el impulso de campañas de desprestigio o estigmatización contra periodistas con el fin de minar su credibilidad frente a investigaciones o publicaciones que afectan sus intereses.

El informe también señala las decisiones de la justicia que afectan la libertad de prensa, menciona el estancamiento de iniciativas estatales y plantea cinco desafíos para el 2018: garantías para el cubrimiento de elecciones, la necesidad de avanzar en los procesos de política pública para la libertad de expresión y la reparación colectiva a periodistas; los retos frente a la implementación Acuerdo de Paz en clave de libertad de expresión, el fortalecimiento del gremio y las garantías para el ejercicio periodístico

Finalmente, la Fecolper, en conmemoración del día clásico del periodista, resalta la labor periodística en el país, y socializa el libro “Sociedad, guerra y periodismo: La información en tiempos de fusiles”, un amplio diagnóstico de los daños que ha dejado la larga duración del conflicto armado en Colombia, como consecuencia de las distintas formas de violencia que restringieron la labor de las personas que ejercen la actividad periodística y los medios de comunicación, al tiempo que limitaron el derecho a la información de la población.