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El Quindío  |  22 enero de 2023  |  12:00 AM |  Escrito por: Administrador web

En Calarcá, más de 7.000 ciudadanos han infringido el código de seguridad y convivencia

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Se llaman medidas correctivas y las impone básicamente la Policía Nacional, pero también otras autoridades. Más de 7.000 calarqueños han sido sancionados por violación al Código Nacional de Seguridad y Convivencia, también conocido como Código de Policía. Entre el año 2017 y 2020 se han presentado 7.321 sanciones en Calarcá, según el reporte hecho por Sandra Milena Molano Londoño, Tesorera General municipal, despacho a donde han llegado las sanciones para el cobro de las multas respectivas.

Las faltas que acarrean las medidas correctivas están relacionadas con la afectación de la sana convivencia enmarcada en la seguridad, la tranquilidad, la protección de ambiente y la salud pública. Las violaciones más comunes que acarrean las multas son: no recoger los excrementos de los animales domésticos; provocar riñas callejeras; usar un equipo de sonido a alto volumen; arrojar basuras a la calle; consumir estupefacientes en espacio público; colarse en el transporte público, entre otras.

Las Medidas Correctivas tienen por objeto disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la convivencia.

La señora tesorera Londoño hizo un llamado a todos los habitantes de la Villa del Cacique para que se pongan al día con sus obligaciones y multas policiales para así evitar reportes en la base de medidas correctivas y que esto les genere un cobro de intereses moratorios.

“Al momento de sobrepasar el límite de tiempo por pronto pago instaurado desde la inspección de Policía, este ente remite a la Secretaria de Hacienda una base de datos de deudores morosos, en ese instante el usuario que desea ponerse al día debe acercarse a las ventanillas de la administración municipal donde se genera la liquidación total de este cobro coactivo”, advierte la funcionaria.

Los recaudos de estos cobros se distribuyen de la siguiente manera: el 55% es capital para el municipio, 30% es dirigido para la policía y un 15% le corresponde al Ministerio del Interior.

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