La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por $22.541 millones de pesos, a título de culpa grave, contra la ex Agente Liquidadora de la ESE Hospital San Francisco de Asís en Liquidación de Quibdó, Blanca Elvira Cortés, por el daño patrimonial que se dio por su omisión para lograr el pago de los excedentes de operación del centro hospitalario durante los años 2008 a 2012 en el proceso de liquidación de Caprecom, correspondiente a una cartera de $16.653 millones.

El hospital no pudo obtener el pago de esos recursos por concepto de excedentes y no se contó con esos más de $16 mil millones en el proceso de liquidación para el pago de acreencias.

La Corte Constitucional, en 2019, compulsó copias a los entes de control para investigar el actuar de la agente liquidadora que condujo a que no se reconociera este crédito dentro de la masa de liquidación de Caprecom, lo que derivó en la pérdida del hospital para recuperar los dineros adeudados por Caprecom.

Para el ente de control resulta inaceptable que, en una región como el Chocó con problemas tan graves de atención en salud, la omisión en el cumplimiento de sus deberes por parte de los administradores derive en la pérdida de la oportunidad de recaudar una suma considerable, que hubiera sido suficiente para cancelar el total del pasivo actual de dicho centro hospitalario y dotarlo de nuevos equipos para la atención a la población.

Dentro de este proceso se decretaron medidas cautelares de embargo de los bienes y las cuentas bancarias de la exfuncionaria, para garantizar el resarcimiento de los recursos públicos.

La Contraloría verificó que en este caso se produjo un daño patrimonial al estado como consecuencia de la conducta omisiva de la entonces Agente Liquidadora del Hospital San Francisco de Asís, al no cumplir una de sus funciones: adelantar las gestiones para el cobro de los créditos a favor de la entidad, y esto quedó expresado en el fallo con responsabilidad fiscal en su contra.

Teniendo en cuenta esta conducta como causa del daño patrimonial, la Contraloría General de la República, falló de manera individual en su contra por la suma de $16.653 millones más el valor de la indexación, que arroja un total de $22.541 millones.