Gilberto Zaraza Arcila

Con la ley 100 de 1993 que contó con ponencia favorable de Álvaro Uribe, el derecho fundamental la salud y la protección social fue convertido en un negocio para favorecer a los más grandes empresarios. Lo único favorable fue el incremento de la cobertura, a costa de la prestación de un servicio de mala calidad.

Para manejar este lucrativo negocio aparecieron más de 100 Entidades Promotoras de Salud (EPS) que son simples intermediarios en el manejo de los recursos públicos. No prestan servicios médicos, solo los autorizan, ponen barreras al acceso o los niegan y los contratan con las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos. Restringiendo la autonomía de los profesionales de la salud y explotándolos laboralmente a través de la tercerización laboral.

Por falta de un adecuado control fiscal y vigilancia de la Supersalud, establecieron una integración vertical para autocontratar con empresas de la misma EPS, a pesar de estar prohibido por la ley.  Como no hay transparencia, ni claridad en el manejo de las cuentas y de los recursos, la corrupción se apoderó de las mismas y los dineros fueron a destinaciones diferentes. Como pasó con Saludcoop donde la Contraloría determinó un detrimento patrimonial de 1.2 billones de pesos y el gerente Carlos Palacino fue condenado por peculado en favor de terceros.

 Ante este caos que tiene a varios hospitales y clínicas quebrados o cerrados por deudas por más de 23 billones de pesos que les adeudan las EPS sin reservas técnicas, ni activos que vender para responder; tuvieron que llegar a un acuerdo de punto final en materia de aclaración de cuentas e inyección de recursos estatales para aliviar la desfinanciacion del sistema.

En la actualidad solo hay 25 EPS, de las cuales solo 7 cumplen con los requisitos financieros, las otras están en proceso de liquidación. En la práctica hay un oligopolio. Para tratar de conseguir una atención oportuna y un mejor servicio, más de 9 millones de colombianos han cambiado de EPS. Anualmente se presentan 680.000 quejas a la Supersalud, cerca de 146,000 tutelas y en el año 2021 se presentaron 93.490 incidentes de desacato, porque los jueces no hacen cumplir los fallos judiciales. Ni con la justicia se garantiza el derecho a la salud.

Por la sistemática negación de los servicios de salud, según la ministra de salud se han presentado 1.450.000 muertes evitables.  El   deshumanizado sistema actual que denomina usuarios o clientes a los pacientes es insostenible y está a punto de colapsar.

Por lo anterior, es urgente una profunda reforma que elimine las EPS y acabe con la privatización y comercialización de la salud. Asegure este derecho fundamental, la seguridad social y la asistencia médica oportuna. Implementado un sistema preventivo a cambio del curativo, que disminuyendo la morbilidad y la mortalidad le ahorraran billones de pesos al gobierno. También, debe fortalecer la red pública hospitalaria, mejorando su infraestructura, la dotación y el personal médico con estabilidad laboral. Realizar las pruebas de tamizaje neonatal para identificar oportunamente las enfermedades metabólicas congénitas. Dignificar el trabajo de la salud y restituir la autonomía médica. Implantar control y regulación de precios para que no sigan siendo los más caros de América Latina. Acabar con el paseo de la muerte. Eliminar la tercerización y precarización laboral. Establecer un moderno sistema de información en línea para garantizar transparencia en el manejo de los recursos. Aplicar y elevar impuestos a alimentos y bebidas no saludables,

Esta nefasta ley hizo lo mismo con las pensiones privatizando su manejo. Los Fondos de pensiones privados que solo son 4 manejan, 360 billones de pesos que arrojan utilidades anuales entre 30 y 36 billones de pesos que direccionan a sus empresas para capitalizar entidades bancarias, financiar construcción de obras de infraestructura o los prestan a los hijos de Uribe para construir grandes centros comerciales.  Sistema que solo reconoce pensión a uno de cada 4 colombianos y con una mesada pensional de solo el 30 o 35% del promedio de los salarios devengados por el cotizante. 

La derecha que implantó la apertura económica y nos puso a competir sin estar preparados, en inferioridad de condiciones frente a naciones desarrolladas. Que suscribió TLC con las potencias, que quebraron nuestro sector agropecuario. Que privatizó muchas empresas estatales y flexibilizó la contratación estatal, dejando sin empleo, sin pensión, y salud y educación de mala calidad. Que expropió derechos laborales y acabó con las convenciones colectivas de trabajo. Ahora sale hipócritamente a “defender” a los colombianos, con mentiras y miedo, aduciendo que el gobierno va a arrasar con la salud, las pensiones, la empresa privada y las instituciones.

Su único propósito es defender los privilegios de monopolios y oligopolios. Es acabar de privatizar el Estado, empezando con Colpensiones, las Empresas de Servicios Públicos, Ecopetrol, etc. La única intervención del Estado que aceptan es para realizar operaciones de salvamento de la empresa privada cuando se quiebra por autopréstamos como lo hicieron con el sector financiero aprobando el 2 por mil por cada transacción bancaria. O con las más grandes empresas en la pandemia, para las cuales si emitió dinero y les transfirió 14 billones de pesos para asumir las perdidas por el confinamiento. Solo piensan en sus mezquinos intereses de acumulación y concentración del capital.