El gobierno departamental había sancionado al operador del PAE de 2022 con una multa de $92 millones de pesos, el 1% del total del contrato, por incumplimiento del mismo, y en el acta respectiva decía claramente que ese valor se descontaba de la liquidación final del contrato. Pues se liquidó el contrato, y el gobierno de Roberto Jairo Jaramillo no hizo el descuento de la multa por los $92 millones, que tanto fue promocionada por los medios de comunicación.

La Contraloría General de la República hizo el hallazgo de esta anormalidad y dijo en su informe sobre el PAE 2022, citando el acta de la supervisión del programa de alimentación: “En virtud al pago de la presente cuenta que corresponde al periodo de ejecución del mes de abril de 2022, se realizará descuento correspondiente a la imposición de multa, en consecuencia a la resolución No. 04514 del 23 de junio de 2022, por la cual se declara incumplimiento parcial del contrato de suministro No.002 de 2022, suscrito entre el Departamento del Quindío y la Unión Temporal Unidos Somos más por Quindío, en relación al artículo primero que manifiesta el incumplimiento por parte del operador antes mencionado y artículo tercero dispone la imposición de la multa pactada del 1% del valor del contrato, correspondiente a la suma $92 millones 174.747 pesos”.

Y declara puntualmente la Contraloría sobre el no descuento por parte de la gobernación de esta multa: “Una vez realizadas visitas especiales y entrevistas en las oficinas de presupuesto de la secretaria de Educación, a la secretaria de Hacienda departamental y a la oficina de Tesorería departamental, se verificó que en el pago efectuado del Acta No 02 a la Unión Temporal Sinergia 2022, no se realizó el descuento ordenado por la Supervisión del contrato”.

Ocultaron los contratos

El no descuento de la multa por $92 millones de pesos de la liquidación del contrato, no fue el único acto de corrupción que se descubrió en la contratación del PAE en el Quindío en el 2022. La Contraloría constató que el gobierno de Roberto Jairo Jaramillo no colgó, como lo manda la ley, en la plataforma SECOP II las resoluciones Nos. 04514 del 23 de junio/2022 por medio de la cual se declara el incumplimiento parcial del contrato de suministro No. 002 de 2022 suscrito entre el Departamento del Quindío y la Unión Temporal Unidos Somos Mas Por Quindío, y la 04558 por medio de la cual se resuelve recurso de reposición. Es decir, las ocultó.

Dice la Contraloría: “No fueron publicadas en el término legal obligado para hacerlo, hecho que obstaculiza el seguimiento al proceso contractual (…) no se garantizó en los términos de ley, el acceso integral a la información del proceso contractual, el seguimiento a la inversión de los recursos del Estado y el control ciudadano, incumpliendo los principios de publicidad y transparencia”.

Vigilancia sin autoridad

En este mismo contrato del PAE, el gobierno de Roberto Jairo Jaramillo acordó con el contratista que no se hiciera una escogencia de supervisor por fuera del gobierno, sino que la secretaría de Educación departamental ejercería con uno o dos funcionarios esta tarea. Aunque se designaron, de palabra, no se les comunicó legalmente a través de un documento oficial, y, por tanto, para la Contraloría, es como si no existiera. Por tanto, la función de supervisión del PAE no se cumplió en debida forma, según lo destaca la propia Contraloría: “La anterior situación genera riesgos en la adecuada supervisión y seguimiento en la ejecución del contrato y dificultad para endilgar responsabilidades a los supervisores por el inadecuado seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la actividad contractual desarrollada por el Departamento del Quindío”, dice la Contraloría.

Raciones pagadas, pero ¿consumidas?

A la Contraloría General de la República le quedan dudas, por falta de evidencias, de que las raciones anotadas en las minutas de los colegios hayan sido realmente consumidas por los estudiantes. “Revisados todos los documentos que hacen parte de los informes de interventoría, del contrato de suministro No. 002 de 2022, no permitió al ente de control, afirmar con las certificaciones expedidas por los rectores de las Instituciones Educativas y con las listas enviadas por el operador al supervisor, que las raciones allí reportadas fueron las efectivamente consumidas por los estudiantes registrados en la estrategia PAE-SIMAT. Como tampoco la división de cobertura educativa de la secretaría de educación del Departamento del Quindío, demostró con los registros realizados en planillas Excel, que el control del número de raciones cruzado con el registro de asistencia diaria de cada Institución Educativa, efectivamente fueron consumidas y que por lo tanto fueron pagadas”.

La Contraloría General de la República, gerencia Quindío, envió su informe sobre este caso, doloroso porque se trata de alimentación de niños en los municipios del Quindío, a la Procuraduría General de la Nación para que se inicien las investigaciones disciplinarias del caso.