La Superintendencia de Transporte, busca ponerles tatequieto a las apps de movilidad. Se trata de un proyecto de ley que no dejaría operar a ninguna aplicación de transporte en el país si es aprobado en el Congreso de la República. En consecuencia, más de 100.000 conductores quedarían sin empleo, mientras que más de ocho millones de usuarios quedarían desatendidos.

Según Alianza In, gremio de aplicaciones e innovación, las plataformas serían bloqueadas en la web mediante procedimientos administrativos y podrían presentarse inmovilizaciones prolongadas a los vehículos de conductores que utilicen la plataforma. Estas inmovilizaciones serían por un periodo de uno a tres meses y, además, se establecerían multas de hasta $10 millones para aquellos usuarios que intenten hacer uso de las mismas.

“Este proyecto de ley del régimen sancionatorio de los Superintendencia de Transporte es una bomba atómica para las aplicaciones de movilidad. Otra consecuencia es que se desencadenaría una pérdida de trabajo que genera ingresos a través de plataformas. Esto también sería un impacto muy fuerte en los usuarios. Estamos delante de una prohibición absoluta de las plataformas digitales”, explica José Daniel López, presidente de Alianza In.

Desde este gremio aseguraron que esto es “algo inédito” que no ha ocurrido en otros países. Ante la falta de reglamentación también ha asegurado que han tratado de establecer acuerdos con el Gobierno. En la actualidad pagan 3% de sus ingresos brutos.

En el país operan Didi, Cabify, Uber, InDriver, Taxis Libres, Picap y Uber. La mayoría de estas aplicaciones han decidido pronunciarse como gremio.

Para 2021, estas apps representaron 0,2% del PIB total del país. En esa línea, un estudio de Fedesarrollo mostró que, si estas plataformas dejan de operar en el país, 44% de los conductores estaría desocupado, 32% tendría otro trabajo independiente y 14% tendría empleo formal. En la actualidad, las plataformas digitales de economía colaborativa ocupan 0,7% de la población económicamente activa.

Desde el año pasado, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que desmantelar las aplicaciones de transporte sería necesario para evitar que estas empresas tuvieran “una transferencia de riqueza nacional al exterior usando la fuerza laboral nacional”, ya que estas estaban operando ilegalmente y sin pagar tributos, que no están generando ningún tipo de regalía. Así mismo, en su momento dijo que lo mejor era analizar la situación y no proceder aceleradamente, ya que estas generaban un buen número de empleos en el país.