En el Quindío se buscará un predio en extinción de dominio que tenga al menos 30 hectáreas y su terreno sea apto para cultivo, para construir allí una colonia penal agrícola que tenga la capacidad de albergar 500 personas sindicadas, y con ello descongestionar las estaciones de Policía que en la actualidad permanecen con alto porcentaje de hacinamiento. La idea fue expuesta en el Comité de Seguimiento Penitenciario y Carcelario que contó con la presencia del ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, el director del Inpec, Brigadier General Jorge Luis Ramírez Alarcón, el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales, y la defensora regional del Pueblo, Piedad Correal Rubiano, entre otras autoridades.

El gobernador Osorio Buriticá manifestó: “La Sociedad de Activos Especiales tiene una lista de cerca de 400 predios y propiedades en expropiación y que son susceptibles de utilizarse para la colonia agrícola en el Quindío, esta modalidad de privación de la libertad es más coherente con las políticas que hemos venido implementado en la departamento, un respeto por el agua y la ecología, y aquí cabe el término ecología humana, porque queremos que las personas que han caído por delincuencia paguen sus culpas a través del trabajo en el campo, produciendo comida para la misma cárceles y sean autosostenibles”.

Se acordó también en el comité que se generará una hoja de ruta para garantizar que el próximo gobierno nacional, y también el seccional y el local, ejecuten este compromiso adquirido por el ministro, el gobernador y el alcalde. Y para dar solución inmediata al mencionado hacinamiento en las estaciones de Policía, en dos meses el ministerio trasladará 100 sindicados que permanecen en celdas transitorias para cárceles cercanas al Quindío. 60 personas más serán llevadas a las celdas nuevas construidas por la gobernación en la penitenciaría Peñas Blancas, obras que serán entregadas la próxima semana.

El hacinamiento en las estaciones de policía existe como consecuencia de una tutela presentada por la defensora del Pueblo años atrás, que tuvo como objetivo descongestionar las cárceles, ya que por ejemplo en la San Bernardo de Armenia, que tenía cupo para 268 internos, contaba con más de 900. Con este proceso se logró que las tres cárceles del departamento cerraran sus puertas a nuevos internos hasta que se consiguió la descongestión, pero ello implicó que los imputados quedaran incluso por meses en las celdas de las estaciones de Policía, donde según la ley, solo pueden permanecer 36 horas. El objetivo principal de estas acciones del ministro, la defensora y los gobernantes locales es que mientras estén privados de la libertad, los internos tengan condiciones dignas de vida, pues tienen los mismos derechos humanos que los demás ciudadanos.

De no ser viable la colonia agrícola, se tiene como plan de contingencia la construcción de un pabellón en el centro penitenciario de Calarcá, decisión que será tomada por el ministerio de Justicia, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, que informarán a las autoridades del Quindío qué proyecto podría ser implementado, según explicó Piedad Correal Rubiano, defensora del Pueblo.