Por virtud de la investigación adelantada por la Fiscalía en Armenia, se lograron identificar hechos oprobiosos e irregulares que desdicen de la conducta ética de los servidores públicos, dijo el fiscal general de la nació al entregar información sobre la manera como se cumplió el proceso de valorización en esta capital.

Afirmó el fiscal Nestor Humberto Martínez Neira que mediante través de prueba testimonial y documental se acredita que desde el año 2014 Francisco Javier Valencia  Salazar, esposo de la alcaldesa de la época y el contratista Fernando Diez Cardona habrían convenido la manera de adjudicarle los contratos de obra pública a la empresa  de Diez a cambio de entregarle  al esposo de la mandataria de Armenia el 10 % de los contratos de obra pública e interventoría y el total del valor de los contratos de consultoría de diseño de las obras que no se habían efectuado previamente a la adjudicación de los contratos.

Agrega el fiscal que esta presunta conducta delictiva ha sido reconocida expresa, libre y autónomamente por el contratista de las obras señor Fernando Diez en dos interrogatorios surtidos después de su captura en Medellín ante la fiscal de conocimiento.

Explicó el representante del ente acusador que obra confesión de parte del contratista sobre el acuerdo al que llegó con el esposo de la alcaldesa en el año 2014 cuando apenas se tramitaban en el concejo los proyectos para imponer la carga tributaria, lo que calificó de absolutamente criminal y explicó que es criminal imponerle una carga tributaria a la ciudadanía con destino bolsillos particulares.

En el año 2014 mientras se tramitaban los acuerdos en el concejo para la valorización se hizo un primer pago de $ 300 millones por parte del contratista para beneficiar al señor Valencia Salazar, hecho que el fiscal califica como “insólito mecanismos de arras en procesos de corrupción pública, sin antecedentes en las investigaciones que lleva acabo la Fiscalía General de la Nación a nivel nacional”.

Posteriormente el señor Valencia se habría reunido con los secretarios del despacho de la entonces alcaldesa, para definir los mecanismos legales y de procedimiento para asegurar el direccionamiento del contrato a favor de la unión temporal de los señores Diez y Moreno, según las evidencias recaudadas, los secretarios del despacho convinieron con ese procedimiento de violación de selección objetiva que obliga a todos los servidores públicos.

Dice el fiscal que en el expediente además reposan evidencias testimoniales y documentales que darían cuenta que las entregas de los dineros del acuerdo ilícito se llevaron a cabo en efectivo, muchas de ellas dentro de los bancos de Armenia, cheques que se cambiaron en efectivo y se entregaron en las propias sedes bancarias a los señores Sebastián Congote Posada y Aura María Saldarriaga con destino final la familia Valencia.

De acuerdo con la evidencia recaudada, los pagos criminales ascendieron a 14 mil millones, lo cual forma parte del detrimento acreditado en la investigación que ascendería hasta ahora a$ 22 mil millones, de los $ 90 mil millones de la contribución de valorización, es decir el 25% de lo que se ha logrado acreditar se ha perdido pata los contribuyentes de la ciudad, eso es lo que no puede seguir ocurriendo  y por eso la fiscalía está llegando a todas las regiones a develar lo que viene ocurriendo en el manejo de la cosa pública para que los ciudadanos conozcan la dimensión de la crisis moral y ética que se está viviendo.