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Judicial  |  09 abril de 2018  |  02:21 PM |  Escrito por: Rubiela Tapazco Arenas

Juez suspende ocho días la audiencia del sonado caso de valorización en Armenia permitiendo que se preparen preacuerdos

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La Juez Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías Olga Patricia Cáceres Loaiza suspendió esta mañana la audiencia de formulación de imputación de cargos iniciada este lunes, luego de la legalización de captura a las personas que se investigan por el proceso de valorización en Armenia.

La decisión de la autoridad judicial fue tomada atendiendo la solicitud formulada por varios de los intervinientes en la vista pública, especialmente los apoderados de algunos acusados.

La diligencia se reiniciará el próximo lunes 16 de abril a las 8:00 a.m, para continuar con la formulación de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en el proceso que investiga a la exmandataria de Armenia Luz Piedad Valencia Franco y a seis personas que trabajaron durante su administración, entre ellas su esposo Francisco Javier Valencia Salazar.

La audiencia quedó congelada durante 8 días para darles tiempo a los abogados y a sus representados de llegar a preacuerdos con la Fiscalía que les permita gozar de beneficios frente a una posible condena por los presuntos cargos que en un futuro inmediato se les imputará y la consecuente medida de aseguramiento.

Seis de los siete implicados en este sonado caso permanecerán en las instalaciones de la Fiscalía en Armenia, mientras que el abogado Juan Sebastián Londoño Forero se mantiene en libertad por orden de la juez al considerar que el allanamiento a su vivienda y posterior captura se cometieron violando sus derechos fundamentales y de sus familiares.

Londoño Forero como todos los involucrados en esta investigación en Armenia deberán presentarse a audiencia pública el lunes siguiente.

Como se sabe, los preacuerdos se producen tras las imputaciones y consisten en la aceptación de cargos negociada, en donde la Fiscalía y el acusado por intermedio de su defensor acuerdan aceptar los cargos con el propósito de obtener una disminución sustancial en la pena.

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