Germán Ayala Osorio

El robusto, intimidante y espectacular operativo con el que se recibió a Salvatore Mancuso Gómez, deportado de los Estados Unidos,  la decisión de disponer de 64 guardias entrenados por los Estados Unidos para su protección, y el diseño de 5 anillos de seguridad en torno a la celda en la que quedó recluido el excomandante paramilitar, tiene a más de uno indignado, en particular a quienes, a pesar de las evidencias, siguen defendiendo a los políticos, empresarios y militares que Mancuso vincula de tiempo atrás con sus actividades criminales.

Mientras se define su situación jurídica y se confirma su rol como Gestor de Paz, Mancuso Gómez vivirá en una celda de 12 metros cuadrados, aislado y sin contacto con otros delincuentes. Mucho menos podrá recibir visitas de aquellos políticos, militares y empresarios con quienes en el pasado compartió cocteles e informes de cómo avanzaba el proyecto paramilitar, en sus perspectivas económica, social y política, que lideró el hoy despreciado y abandonado comandante de las AUC.

Salvaguardar la vida de Mancuso constituye una insoslayable responsabilidad estatal por dos razones fundamentales: 1. Como agente bisagra, actuó como si fuera un General de la República, de facto, pero al fin y al cabo General. Con mando de tropa, Mancuso ordenó operativos militares (con tropas de las AUC) que terminaron en masacres de campesinos, en desplazamientos forzados de cientos de comunidades y en la desaparición de un centenar de hombres señalados de ser colaboradores de las guerrillas o líderes sociales incómodos.

Mancuso es la memoria viva de la degradación misional del Ejército y de la captura paramilitar de esta y de otras tantas instituciones públicas, como el Congreso, el antiguo DAS. La presencia de Salvatore Mancuso Gómez en la JEP no se da tanto por su condición de paramilitar, pues para ello está el marco jurídico, Justicia y Paz, sino por haber servido de bisagra entre militares y los miembros de las AUC, en las tareas que empresarios y políticos les encomendaron: amedrentar, desplazar, asesinar y desaparecer campesinos incómodos para quitarles sus tierras; y las otras tareas que brotaron de los incentivos monetarios, bacanales, vacaciones y ascensos, entre otros, propios de la seguridad democrática, el decreto Boina y la Directriz 025 de 2009: asesinar jóvenes inermes para ser pasados como guerrilleros muertos en combate.

1. Por ser testigo directo de masacres declaradas como delitos de lesa humanidad, como las del Aro y La Granja, entre otras, Salvatore Mancuso es una fuente creíble para la justicia colombiana, en particular para los modelos de justicia transicional, Justicia y Paz y la JEP, tribunal que aceptó a Mancuso en calidad de compareciente por ser agente bisagra, tal y como lo declaró el alto tribunal de paz. El expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez es señalado por Mancuso y otros actores, incluidos periodistas, de tener conocimiento de la comisión de esa masacre: “Todo el tiempo Uribe- siendo gobernador de Antioquia- estuvo al tanto de la masacre del Aro”, dijo a la JEP el excomandante paramilitar. Así entonces, la declaratoria de las masacres del Aro y de La Granja como delitos de lesa humanidad y la condena de la CIDH proferida contra el Estado, lo obligan no solo a pedir perdón, sino a hacer ingentes esfuerzos para señalar responsabilidades políticas que escapan a los límites jurídicos de la justicia internacional y nacional.

Las dos razones anteriores son del fuero exclusivamente estatal, pero hay otras que rondan los intereses del actual gobierno. He aquí tres razones ético-políticas que tendría el gobierno de Gustavo Petro para garantizar la vida de Mancuso y contribuir a la construcción de verdad, justicia, reparación y no repetición: 1. En su rol de Senador, fue Petro quien investigó y fustigó a poderosos agentes políticos y económicos por sus relaciones criminales con las AUC y en particular con los jefes Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Por su condición de outsider, Petro siempre quiso exponer y avergonzar a miembros de la clase política y económica que se aliaron con los paramilitares para asesinar campesinos, violar mujeres y adolescentes y desplazar a millones de compatriotas. Es posible que Petro, como presidente de la República, en algo haya matizado ese genuino interés que guió su vida de congresista, en la medida en que, para ganar en gobernanza y gobernabilidad le tocó abrir espacios de diálogo con aquellos en los que en el pasado señaló de ser aliados de los paras.

2. Al nombrar a Mancuso como Gestor de Paz, el presidente Petro manda un mensaje de reconciliación a esos sectores políticos y económicos que patrocinaron a los grupos paramilitares y qué mejor que invitando a quien fungió como ese actor bisagra entre agentes de la sociedad civil empeñados en “acabar” militarmente con la guerrilla y de militares activos que aceptaron cumplirles los deseos a los reputados civiles, eso sí, dejando la “tarea” sucia de asesinar civiles, a las estructuras paramilitares que en varias ocasiones las hicieron pasar como tropas oficiales.

3. Gustavo Petro respeta profundamente el trabajo que viene adelantando la JEP, como jurisdicción de paz, en la medida en que ese alto tribunal viene coadyuvando a que los deseos ético-políticos del presidente Petro se cumplan. La aceptación de Mancuso como agente bisagra constituye un hecho jurídico, pero también político que termina conectándose con las aspiraciones del jefe del Estado de consolidar la Paz Total no solo sobre la desmovilización del ELN y de los otros grupos armados ilegales, sino sobre una verdad histórica, social, política y jurídica que él cree que el país necesita para pasar las ignominiosas páginas del degradado conflicto armado interno.

Quizás Petro tenga en mente que los aportes de Mancuso a la verdad (histórica, social, económica y política) sirvan para desenmascarar a específicos y poderosos actores políticos y empresariales con los que hoy no tiene las mejores relaciones.

TOMADO DE REVISTA SUR

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