Por Germán Rojas Arias

La Asociación Nacional de Docentes Directivos de la Educación Oficial Colombiana, Asodic, se pronunció a través de un comunicado frente a la demora y negligencia por parte del gobierno nacional en la transferencia de los recursos de gratuidad a las instituciones educativas oficiales del país.

En efecto, la organización académica, técnica y profesional integrada por rectores, directores rurales y coordinadores, en relación con la tardanza por parte del Gobierno Nacional, para transferir a las Instituciones Educativas los recursos por gratuidad de la presente vigencia, en carta abierta le manifiesta al ministerio de Educación, a los secretarios de Educación de todo el país y a la opinión pública en general, que “hoy, cuando el gobierno tiene dentro de sus prioridades y como uno de sus ejes dentro del Plan Nacional de Desarrollo a la educación, el Consejo de Política Económica y Social – Conpes-; El Departamento Nacional de Planeación –DNP-; El Ministerio de Educación Nacional, tratan con desdén e irrespeto al sector educativo oficial, representado en más de 12.000 centros educativos, puesto que luego de transcurridos tres (3) meses de haberse iniciado las labores académicas y administrativas del año 2018, a la fecha no se han aprobado los recursos económicos que por alumno atendido el gobierno nacional, le debe girar a los Fondos de Servicios Educativos de cada uno de los establecimientos, por concepto de la gratuidad”.

Es de anotar que dicha gratuidad fue ordenada por la Corte Constitucional, mediante sentencia C376 de 2010, es decir, recursos que la ley ordenó no cobrarle a las familias, para garantizar el acceso y la permanencia de los niños y las niñas dentro del sistema educativo, pero que obliga al Estado a entregarle directamente a los establecimientos educativos oficiales.

Dicen directivos de la asociación que “lo grave es que a estos recursos, exiguos e insuficientes para el funcionamiento de los colegios, debe sumársele la tardanza en su giro, dejando a la Institución expuesta a la incertidumbre, a la suerte, a los malabares que el ordenador del gasto –Rector- pueda hacer, para satisfacer las múltiples necesidades que tiene un establecimiento, provocando descontento en él, por la afectación sustancial en el desarrollo de las gestiones, el direccionamiento estratégico, los objetivos, los propósitos misionales, la academia, el clima laboral y el desarrollo organizacional del día a día en los colegios públicos del país”.

Emergencia administrativa

Dice el texto de la Asociación Nacional de Docentes Directivos de la Educación Oficial Colombiana, Asodic, firmado por su junta directiva en cabeza de Adalberto Serrano Valencia que “en consecuencia y en virtud de lo anterior, colocamos en estado de ALERTA a las comunidades educativas del país y en especial a la docencia directiva nacional para suspender las actividades administrativas institucionales, declarando la emergencia administrativa a partir del lunes 16 de abril, plazo máximo que se fija para que se transfieran los recursos de gratuidad a cada institución, dado que no hay garantías financieras y logísticas para los desarrollos operativos mínimos en las Instituciones Educativas Oficiales de la Nación e informamos a la vez que todas las consecuencias derivadas de la parálisis, es de exclusiva responsabilidad del Estado, vale decir, del Ministerio de Educación Nacional”.

En el Quindío

El Quindiano dialogó sobre el particular con el presidente de la Asociación de Directivos Docentes del Quindío, Adidoq y vicepresidente de Asodic, Diego Fernando Mosquera Cañizales quien dijo que la situación presupuestal en las instituciones educativas de departamento y de su ciudad capital es insostenible y que por ello se ven obligados a acatar la directriz de la emergencia administrativa.

Explicó que a la fecha no ha llegado un solo peso de los llamados recursos de gratuidad que son con lo que funcionan las instituciones educativas en su parte administrativa. “un 90 por ciento del presupuesto de las instituciones educativas oficiales son de los recursos de gratuidad, el otro 10 por ciento proviene de lo que dejan las cafeterías, fotocopiadoras al interior de los colegios y de pronto, en algunos municipios, un mínimo apoyo de las alcaldías.

El directivo quindiano indicó que por cada estudiante, de acuerdo con el nivel, las instituciones reciben de 80 a 100 mil pesos anuales y que con ello es que se sostienen. Mostró su preocupación, ya que ni siquiera han llegado a las alcaldías los recursos de Calidad Educativa que son los que se destinan para transporte escolar, alimentación de estudiantes y otros. En ese sentido sostuvo que este año los recursos del Sistema General de Participación cuentan con un déficit para educación de 1,3 billones de pesos, mientras que en el 2017 era de 500 mil millones de pesos.

En cuanto a la emergencia administrativa, manifestó que a partir de la fecha indicada no se podrán dar certificados, boletines ni constancias a los padres y estudiantes porque no existe el dinero para ello, y que igualmente presentan problemas en el servicio de aseo y mantenimiento en los colegios por la falta de los materiales necesarios.