Gilberto Zaraza Arcila

Como ha sido habitual cada vez que se adelanta una investigación contra Álvaro Uribe, sale como un energúmeno a atacar y descalificar a jueces y magistrados. Solo respeta y acata la justicia cuando las decisiones le son favorables, de lo contrario trapea con la dignidad de la justicia y sus funcionarios. Hasta el momento goza de impunidad gracias a su enorme poder que ha cooptado fiscales, magistrados, procuradores y jueces.  Que son de bolsillo, parcializados y en vez de acusarlo se convierten en defensores incondicionales.

Debiera estar eternamente agradecido con la justicia porque a pesar de tener más de 200 procesos en su contra en la Corte Suprema de Justicia, Comisión de Absoluciones de la Cámara, Tribunales y CPI, por primera vez en la historia de la Fiscalía es acusado para que sea llamado a juicio por el menor de los delitos por los que ha sido denunciado.

Tiene denuncias por vínculos con el paramilitarismo como cofundador del Bloque Metro, como lo afirman Salvatore Mancuso, Pablo Hernán Sierra, Juan Guillermo Monsalve, “Don Berna” y “Don Mario”. Y de tener que ver con las masacres del Aro y la Granja y con el asesinato del líder de derechos Humanos abogado Jesús María Valle.

Por vínculos con el narcotráfico según afirmaciones de Virginia Vallejo y alias “Popeye”. Fue incluido como extraditable No 82 en la lista de la Agencia de Inteligencia y Defensa DIA de los Estados Unidos, por vínculos con el Cartel de Medellín. El presidente Belisario Betancur le solicitó al gobernador de Antioquía Álvaro Villegas, exigirle la renuncia cuando era alcalde de Medellín, por vínculos con los Ochoa y Pablo Escobar. 

Por las ejecuciones extrajudiciales de 6.402 personas inocentes, en las que el condenado ex general Rio Alejo del Rio condecorado por Uribe, afirmó que Uribe es un sinvergüenza. Los presidentes dan las ordenes y los miembros de las fuerzas armadas somos los asesinos.

Por las interceptaciones ilícitas a magistrados, congresistas periodistas, convirtió el DAS en la policía política del Estado para perseguir y asesinar a opositores. La entregó al servicio de los paramilitares para eliminar a líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores, a quienes llamaba auxiliadores del terrorismo.

Por recibir $3.297 millones de Agroingresoseguro para el distrito de riego de su hacienda El Ubérrimo, según la Contraloría General de la Republica. Lo que es un peculado. Por estar vinculado en los sobornos de Odebrecht a su viceministro Gabriel García por 6.5 millones de dólares, a cambio de la entrega de la Ruta del Sol. Por financiación de la misma empresa multinacional a sus candidatos presidenciales Santos y Oscar I. Zuluaga.

Por sus vínculos con su amigo el narcotraficante el “Ñeñe” Hernández, que le aportó $1.000 millones para la compra de votos y hacer elegir a su candidato Iván Duque, como lo confesó su asistente Claudia Daza.  Por no proteger al alcalde del El Roble Eudaldo Díaz, que le solicitó protección porque lo iban a matar. Por el contrario, nombró embajador en Chile y protegió al autor intelectual Salvador Arana.  

Por los montajes en el Palacio de Nariño con el paramilitar “Tasmania” en contra de los magistrados Iván Velásquez, Yesid Ramírez y Cesar Julio Valencia, como venganza porque investigaban la parapolítica y condenaron a su primo el senador Mario Uribe por sus vínculos con los paramilitares.   Apenas se destapó el escándalo, el paramilitar fue asesinado.

Sospechosa y coincidencialmente 9 testigos en su contra han sido asesinados (Carlos Areiza, Francisco Villalba, Robeiro Castrillón, Eunicio Pineda, John Freddy González, Alexander Amaya, Hernán Darío Zapata y alias “el Relojero”.  Y Juan Carlos Meneses y Juan Guillermo Monsalve han sufrido varios atentados contra su vida.  También, fueron asesinados el agente del CTI Augusto Botero que avanzaba en la investigación por la muerte del líder Jesús María Valle. Nancy Esther Zapata empleada del aeropuerto, por afirmar que el avión en que murió Pedro Juan Moreno exsecretario de gobierno de Uribe (quien estaba soltando la lengua), no cayó por fallas mecánicas. Dejaron sobre su cadáver un letrero que decía” No se aceptan sapas”. 

Como es soberbio y mentiroso dice que no hay ninguna prueba en su contra. Si fuera cierto no habría renunciado cobardemente a su curul de senador, para no ser condenado por la CSJ.  Y quedar en manos de sus fiscales amigos y prevaricadores, que en vez de acusarlo se convirtieron en sus defensores.  Como sabe que es culpable se defiende en los medios y ante la opinión pública para hacerse el mártir, con una falsa persecución, venganza política y animadversión, buscando presionar indebidamente a la justicia. Solo acepta los testimonios de los delincuentes si son a su favor, de lo contrario dice que un delincuente no tiene ninguna credibilidad.

Una persona honorable respeta la justicia y no trata a los magistrados que ordenaron su detención de secuestradores, mafiosos, auxiliadores de FARC, ni les mienta la madre. Tampoco, contrata a un aboganster y le da la orden de sobornar testigos para que se retracten de sus testimonios. Ni miente ante los magistrados negando saber de esos ilícitos. Que está acostumbrado a hacer. Como presidente fue el mayor “chuzador” de la historia. Hasta la CSJ fue objeto de las labores de espionaje.  Ni dilata los procesos con marrullas para buscar el vencimiento de términos. Si es inocente debe renunciar a la prescripción penal.   

Siete magistrados de la CSJ dijeron que las pruebas en su contra eran abundantes, claras, univocas y concluyentes para llevarlo a juicio como determinador de los delitos que se le imputan. Tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá y 2 jueces penales de circuito que rechazaron la solicitud de preclusión, consideran que hay méritos para llevarlo a juicio. Y el Fiscal que lo acusó ante un juez manifestó que hay evidencia física y suficiente material probatorio para que el imputado sea juzgado.

Sigue teniendo tanto poder que después de más de 3 años de haber terminado el juicio contra su hermano Santiago por pertenecer al grupo paramilitar “Los 12 apóstoles” y ser responsable de varias muertes, el juez Jaime Herrera Niño, aún no ha dado a conocer el fallo. Y el inoperante y corrupto Consejo Superior de la Judicatura, de manera cómplice no ha hecho cumplir al juez con los términos judiciales, ni lo ha sancionado.

Si el ex presidiario y su hermano no han sido condenados, no es por falta de pruebas, sino por falta de fiscales, jueces y magistrados, independientes, honestos y con pantalones para cumplir con la ley y aplicar los códigos.

Solo resta esperar que la justicia actúe con diligencia para impedir que quien cree estar por encima del ordenamiento jurídico, siga irrespetando y burlándose de la justicia, utilizando maniobras dilatorias para buscar la prescripción penal. Que se vence en noviembre del 2026 según fallo de tutela de la Corte Constitucional.  Aunque si los delitos por lo que está acusado son conexos con crímenes de lesa humanidad, no deben tener prescripción. De lo contrario solo resta esperar que la Corte Penal Internacional haga justicia.