El delegado de la Procuraduría en la audiencia pública por el caso de valorización Luis Arturo Salaz Portilla, apoyó la solicitud de medida de aseguramiento para todos los imputados y basó sus argumentos al señalar que hacen parte de la delincuencia del poder que se refiere a la comisión de delitos comunes por parte de personas especiales quienes demuestran una capacidad superior a la del común de la gente que llega a los estrados judiciales.

El representante del ministerio Público pidió a la juez de conocimiento tener en cuenta algunos detalles que pueden constituir riesgo de equivocación a la hora de tomar decisiones y agregó que existe la posibilidad de llevar a efecto argumentaciones incorrectas o de hechos que pueden inducir al error al considerar aspectos como probados cuando apenas se avanza en la investigación.

Dijo Salaz Portilla, durante la audiencia pública que se trata de un caso de corrupción administrativa puro, duro y escandaloso, por lo que todos los imputados solo tienen que estar en la cárcel con fundamento en el principio de la legalidad.

Afirmó que la piedra angular en materia probatoria contra una organización que se proyectaba del Quindío a Colombia es el interrogatorio a Fernando León Diez, por lo tanto, hay que aplicar el máximo de drasticidad en el rigor jurídico, por cuanto son delincuentes de poder.

Señaló que este caso es lo más relevante visto por la judicatura en los últimos años en Armenia y agregó que aquí no se ha dicho todo y que el delegado del ministerio público tiene la convicción que se cometieron delitos que no fueron referidos.

Advirtió el profesional que existe riesgo de vulneración de derechos humano si se citan argumentos por parte de la Fiscalía que pueden resultar falaces para la solicitud de medida de aseguramiento.