Para el delegado de la Procuraduría Luis Arturo Salaz Portilla en la audiencia que solicitó medida de aseguramiento intramural contra la exalcaldesa Luz Piedad Valencia Franco, su esposo y varios funcionarios de su administración, la decisión de la juez, corresponde con lo que había solicitado el delegado del ministerio público, dijo el funcionario al término de la diligencia.

Considera Salaz Portilla que la decisión es jurídicamente correcta, socialmente eficaz, por cuanto es lo que la sociedad espera frente a este tipo de conductas y que en cierta forma es materialmente justa, es decir, se acerca a lo que es la idea que se tiene de justicia, “creemos por lo tanto, que es una decisión acorde con las expectativas, esperemos que redunde en beneficios procesales como son la perfección de la investigación que está en curso porque esto es apenas un inicio, entonces la Fiscalía tiene un arduo trabajo, nos preocupa desde luego y esperamos que así no ocurra, que esta medida se prolongue sin arrojar resultados, esperamos que la Fiscalía sea eficiente, eficaz y llegue a feliz término para que brille la justicia”.

Dijo que la audiencia ha concluido con la imposición de medida de aseguramiento contra los siete imputados, cinco de ellos quedan con detención intramuros, van a un establecimiento carcelario, dos de ellos por sus condiciones especiales, en primer lugar, por situaciones de carácter familiar uno de ellos queda con domiciliaria y el otro por un arreglo que tenía con la Fiscalía.

Advirtió el delegado de la Procuraduría que hay que poner mucha atención frente a las deficiencias en materia de privaciones de libertad, debido a que no se cuenta con establecimientos carcelarios adecuados para personas con medidas de aseguramiento especiales, pero dadas las condiciones, se espera que la judicatura pueda atender las solicitudes hechas por los abogados en materia de seguridad para tres de los imputados, las cuales son muy convenientes de atender.

Frente a la orden emanada de la juez de enviar a estas personas a pabellones para servidores públicos en las cárceles San Bernardo y Villa Cristina de Armenia, el representante del ministerio público afirmó que ellos van en calidad de detenidos en forma preventiva, es decir provisional y ese es un debate grande porque según la ley vigente, es responsabilidad de departamentos y municipios proveer ese tipo de establecimientos y desafortunadamente en el Quindío no se ha logrado concretar el cumplimiento de dicha obligación, entonces debe atenderse en forma improvisada tratando de que las medidas se ajusten a los requisitos que la ley propone.