Carlos Solarte, el mismo que la Fiscalía anuncia que le imputará cargos por haber pagado sobornos al gobierno junto con la firma Odebrecht en el contrato de la obra Tunjuelo-Canoas, es el mismo al que el gobierno le otorgó, en julio pasado, la licitación para la terminación de las obras de La Línea. Los contratos de su firma CSS, en las vías de 4G suman cerca de 8 billones de pesos. Solarte hace parte del Consorcio La Línea, encargado de ejecutar el 12 por ciento de las obras que faltan para terminar la construcción Túnel de La Línea y Segunda Calzada Calarcá-Cajamarca, obras que tienen un valor de $225.000 millones. El Consorcio La Línea, está conformado por la constructora Conconcreto y la firma CSS, cada una con el 50 por ciento de participación. La pregunta que se hacen hoy muchos colombianos es: ¿será que si Solarte pagaba con Odebrecht sobornos al gobierno, también lo hacía con quienes le adjudicaron el contrato del túnel de La Línea? Ummm, los líos apenas empiezan.

Alcalde pide revocatoria

El alcalde de Filandia José Roberto Murillo pidió a la Procuraduría General que revoque la decisión de la procuraduría Provincial de Armenia donde se le sancionó con suspensión del cargo por un mes. La suspensión se hizo porque, supuestamente, el mandatario no cumplió con la ley de equidad de género en su gobierno. El alcalde argumenta que sí cumplió con la cuota femenina en su administración, y ha enviado al ministerio público todas las pruebas correspondientes. EL QUINDIANO supo que en Bogotá ya se analizó el expediente y muy posiblemente le concedan la razón al alcalde Murillo, quien puede volver a su cargo más pronto de lo que todos se imaginan.

La misma fecha para dos audiencias 

La exgobernadora Sandra Paola Hurtado enfrentará en la misma fecha, 23 de octubre, las dos audiencias que han sido convocadas en su contra, una por la Fiscalía General de la Nación y otra por la Procuraduría. La primera es una audiencia de imputación de cargos por el presunto delito de prevaricato por acción. La segunda es la continuación de la audiencia suspendida en Armenia el pasado 5 de octubre, donde se le corrieron cargos por faltas de presunta trasgresión al principio de transparencia en contratación estatal. La exgobernadora puede enviar a su abogado, como ya lo hizo en la audiencia de Armenia, y no asistir a una de ellas, o a las dos. O argumentar que solo puede acudir a una y, por tanto, sacar excusa para no ir a la otra. Frente a esta situación, los entes de control deben de ponerse de acuerdo, y cambiar la fecha de una de las dos audiencias.

Contrato a Smurfit

El gobierno departamental del Quindío firmó un contrato con la Fundación Smurfit Kappa Colombia, para la dotación y adecuación de la infraestructura física para el desarrollo del proyecto productivo Paisaje, Mujer y Café, en el municipio de Pijao. El contrato vale $71 millones 783.334 pesos, y se hizo por contratación directa. Lo grave de este contrato es que Smurfit fue sancionada por la Corporación Autónoma Regional del Quindío con una multa de $2.400 millones por daños ocasionados en las quebradas La Pizarra y la Cristalina en el mismo municipio de Pijao. Daños originados en su actividad de compra de tierra a los campesinos para la siembra indiscriminada de pino espátula. ¿Es razonable darle contratos a una entidad cuestionada por su actividad de depredadora del bosque nativo, y sancionada por la autoridad local ambiental por daños en nuestras quebradas? Evalúen ustedes.