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Región  |  18 noviembre de 2018  |  12:00 AM |  Escrito por: Edición web

Tribunal de Quindío ordenó acciones para evitar riesgos de deslizamientos y avalanchas en Pijao

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El Tribunal Administrativo de Quindío falló a favor de la Procuraduría una acción popular y ordenó a autoridades nacionales y locales iniciar acciones inmediatas que garanticen el goce a un ambiente sano y a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles en el municipio de Pijao.

El tribunal declaró amenazados los derechos colectivos al equilibrio ecológico y pidió al municipio de Pijao, al departamento de Quindío, la Corporación Autónoma Regional de Quindío (CRQ), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a los ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “la ejecución coordinada de proyectos tendientes a profundizar en el conocimiento de la vulnerabilidad y amenaza del riesgo que se detectó en la presente acción popular, reducción de los mismos y manejo de una eventual calamidad o desastre (…)”

Así mismo, ordenó que de acuerdo con los resultados de los estudios que se realicen sobre el conocimiento del riesgo aludido en la acción popular presentada por el ente de control, “de manera recurrente, planifiquen, ejecuten y financien las obras y proyectos que fuesen técnicamente necesarios y suficientes para evitar o reducir las probabilidades de desastre sobre la población del municipio”. 

Advirtió que en caso de que los estudios realizados indiquen la necesidad de reubicación total o parcial del municipio de Pijao, las autoridades deberán ejecutar las obras “que de manera urgente sean necesarias para minimizar el riesgo, mientras se consuma el proceso de reubicación de la población, que también será planeado y ejecutado por los entes aquí accionados y en plena y previa concertación con la población del municipio de PIjao. Para tal efecto, se establecerá un cronograma de acción y ejecución”. 

A la CRQ y al municipio de Pijao solicitó dar continuidad a las acciones que se emprendieron en relación con las actividades de reforestación sobre las zonas aledañas al cauce del río Lejos. 

Además, a la administración local le ordenó ejecutar procesos de sensibilización responsable e informar a la población sobre la amenaza que tiene el municipio, y actualizar el Esquema de Ordenamiento Territorial, con la inclusión del componente de gestión del riesgo.

El Tribunal Administrativo de Quindío también ordenó la creación de una mesa técnica  permanente en la que deberán intervenir, el alcalde de Pijao, el gobernador de Quindío, el director de la UNGRD, los delegados de los ministerios de Vivienda y Ambiente, y de la Procuraduría General, quienes deberán contar con poder decisorio para comprometer administrativa, contractual y presupuestalmente las entidades que representen. 

El pasado mes de marzo el Ministerio Público advirtió sobre la situación que se presenta en el casco urbano de ese municipio, que por sus características geológicas muestra deterioro de sus suelos, causado por las actividades humanas, y la pérdida de capa vegetal, lo que aumenta el riesgo de que se suceda una catástrofe de similares dimensiones a la tragedia ocurrida en Mocoa (Putumayo) en abril de 2017. 

El fallo acogió la acción popular que instauró la Delegada Ambiental, para que se apliquen de manera inmediata en el municipio de Pijao los principios del Pacto Mundial para el Medio Ambiente, entre ellos, precaución, prevención, resiliencia, integración y desarrollo sostenible.

La decisión tuvo en cuenta la alerta lanzada sobre el peligro en el que se encuentran 768 municipios, que tienen población asentada en zona de riesgo de deslizamientos, avalanchas e inundaciones, problemática que se agrava por las omisiones y desarticulación de las entidades que tienen dentro de sus funciones, velar por el adecuado ordenamiento y planificación territorial como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las gobernaciones, alcaldías y las corporaciones autónomas regionales.

El ente de control evidenció que la mayoría de los municipios de Colombia no cuentan con planes de adaptación al cambio climático, ni estrategias de reubicación de la población ubicada en zonas de alto riesgo, situación que de acuerdo a la experiencia se puede convertir en una bomba de tiempo para el país.

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