Con recusaciones a la procuradora Segunda Delegada para la Contratación Estatal Gloria Janeth Quintero Montoya y solicitudes de nulidad del proceso, ha transcurrido la audiencia pública contra la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado, que se inició ayer en las instalaciones del Ministerio Público en Bogotá. En esa misma audiencia se define la situación de los exgobernadores encargados Julio Ernesto Ospina y Jhon James Fernández, actual director de la CRQ, y los exgerentes de EPQ Heidelmann Grajales Puentes y de la Promotora de Vivienda del Quindío, Jhonny Alberto Rodríguez Jaramillo.
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Estas cinco personas son investigadas porque presuntamente trasgredieron el principio de transparencia y el deber de seleccionar objetivamente la contratación estatal, al suscribir seis convenios interadministrativos entre gobernación y Empresas Públicas del Quindío, antes Esaquín, y la Promotora de Vivienda del Quindío.
Los implicados no asisten a audiencia, y solo lo hacen sus abogados como representantes legales. Ayer, los defensores recusaron a la procuradora argumentando que estaba impedida para realizar la audiencia porque al tiempo que la dirigía era la misma persona que había hecho la calificación de los pliegos que les habían elevado a los cinco implicados. Para tal fin se decretó un receso, y a los 20 minutos, la procuradora demostró que no era la misma persona, pues ella no estuvo en el asunto inicial, por lo tanto la recusación fue rechazada.
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También se pidió la nulidad del acto de citación de audiencia, diciendo que quien había citado tenía causal de impedimento, porque había sido calificadora de los pliegos elevados. Se demostró que no había ninguna inhabilidad y también este punto fue negado. Los alegatos de los abogados han sido hechos con altanería e irrespeto contra la procuradora Delegada, según lo denunciaron testigos de la audiencia y funcionarios de la propia Procuraduría.
Antes del medio día, los abogados hicieron nuevas recusaciones y solicitaron nuevas nulidades, para lo cual se decretó un nuevo receso, para resolver los dos temas y continuar la audiencia en la tarde.
De acuerdo con testigos que asisten a esta vista judicial en la Procuraduría en Bogota, hay una intención de los abogados de dilatar el proceso, pues no han contestado firmemente a los cargos que se les hace a sus defendidos, como debe ser, sino que se han concentrado en otros hechos, precisamente para dilatar, en un tono grosero.
"En desarrollo de la audiencia son evidentes las maniobras dilatorias y las provocaciones contra el despacho en cabeza de la procuradora Quintero, lo que ha molestado a la audiencia y los testigos, como a los funcionarios del propio Ministerio Público", manifestaron fuentes de la Procuraduría.
La investigación
La Procuraduría considera que con la firma de los seis convenios entre el gobierno departamental, la CRQ, la Promotora de Vivienda y EPQ, se les dio la potestad a estas entidades para contratar con privados casi todas las obras que se realizaron con dineros de las regalías y de los llamados cupos indicativos del gobierno nacional, como los provenientes de la venta de las acciones que el departamento tenía en la Edeq y recursos del crédito, a sabiendas de que ellas no tenían capacidad financiera ni técnica para realizaros.
Los convenios entre las tres entidades fueron seis, pero de ellos se desprendieron decenas de contratos, que fueron a parar a manos de los amigos de la administración departamental de entonces, en la mayoría de los casos sin licitación pública, donde casi siempre apareció un solo oferente. La cuantía de esos contratos supera los $250.000 millones. El mayor cuestionamiento por el que deben responder los implicados, según el pliego de cargos de la Procuraduría, es que los convenios no se podían hacer con estas tres entidades porque ellas no tenían la capacidad técnica ni financiera de ejecutar estos contratos, por su monto y su complejidad. Por esta incapacidad, tuvieron que contratar a privados para que los ejecutaran. Ahí, por supuesto, están los millonarios contratos, por $110.000 millones con EPQ, por $95.000 millones con la Promotora de Vivienda y otros más con la Corporación Autónoma Regional del Quindío, cuyo monto está siendo valorado.
La audiencia tiene fecha de terminación este jueves, y los funcionarios de la entidad consideran que es el tiempo suficiente para dar por terminada la sustentación de los pliegos que se le elevaron a los cinco implicado. También, se espera que el fallo final se entregue al día siguiente de los descargos, el viernes entrante, o a más tarde lunes o martes de la semana siguiente.
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