A partir del 1 de agosto de 2019 las empresas prestadoras del servicio público de aseo y, las cerca de 200 organizaciones de recicladores de oficio en proceso de formalización, podrán acceder a un incentivo económico por contribuir a aumentar el porcentaje de reciclaje y tratamiento de residuos sólidos en el país.

Así lo establece el decreto 2412 de 2018 con el cual se otorga un incentivo de $6 mil 600 pesos por cada tonelada dispuesta en relleno sanitario para el año 2019.

Para gestionar esos recursos, la norma establece una contribución en la factura de aseo que no impactará significativamente el bolsillo de los usuarios.

Los operadores y empresas de reciclaje ya constituidas deberán destinar los recursos del incentivo exclusivamente a la inversión de infraestructura asociada con el tratamiento de residuos, como plantas, centros de aprovechamiento o sistemas de recuperación energética.

Sobre el particular el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Jose Luis Acero explicó que “Por ejemplo, en promedio, para el estrato 4 se va a cobrar una contribución menor al 1% del valor que mensualmente pagan las familias en su factura de servicios públicos, es decir, solo pagaría entre $500 a $700 pesos mensuales. Para los estratos 1,2 y 3 el porcentaje será mucho menor. Esos recursos llegarán a las empresas y a los recicladores que ya están formalizados para que hagan inversiones en infraestructura y le permitan a Colombia continuar siendo un país líder en disposición de residuos sanitarios en Latinoamérica”.

Habrá estricta vigilancia por parte de los organismos de control para que los recursos generados no se destinen a otros fines, y el ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio prestará asistencia técnica a los operadores y empresas de reciclaje para lograr la adecuada estructuración de los proyectos que promuevan el tratamiento y aprovechamiento de residuos en los municipios.

Se espera que con su aplicación Colombia avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS-, los cuales, entre otros, determinan que para el 2030 se deben adoptar medidas para combatir el cambio climático y sus efectos.

“Es importante que quede claro que la norma se puede empezar a aplicar en los municipios cuyos planes de gestión integral de residuos sólidos tengan incluido el componente de aprovechamiento. Estamos hablando de municipios como Bogotá, Cali, Medellín, San Andrés, Bucaramanga, Barranquilla y Pereira, así como también Chía, Rionegro y Palmira, entre otros”, puntualizó el funcionario.