A propósito de inicio del año escolar 2019, se cumplió un año de la aprobación por parte del Congreso de la República de la ley 1874 sobre la Enseñanza de la Historia, establecida en diciembre de 2017 y sancionada por el entonces presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón.

Dice la ley que el propósito es contribuir a la “formación de una identidad nacional que reconozca la diversidad étnica, cultural, desarrollar el pensamiento crítico a través de la comprensión de los procesos históricos y sociales, y promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz”. Y restablece como una obligación la enseñanza de la Historia “como una disciplina integrada a los lineamientos curriculares de la Ciencias Sociales en la educación básica y media”.

Varios componentes se deben analizar de la ley de Enseñanza de la Historia en la que al ministerio de Educación le queda solo un año para revisarla y ajustarla. “La Comisión Asesora y el ministerio de Educación Nacional revisarán y ajustarán, en un plazo máximo de 2 años, los lineamientos curriculares de Ciencias Sociales con la historia de Colombia como disciplina integrada para que cada establecimiento educativo organice los procesos de evaluación correspondientes a cada grado, en el marco de la autonomía propuesta en el Decreto 1290 de 2009”.

Un primer factor de analizar es la obligación de su enseñanza “como una disciplina integrada a los lineamientos curriculares de la Ciencias Sociales”. De acuerdo con esta premisa, entonces qué fue lo que se creó, si las Ciencias Sociales en las instituciones educativas de Colombia vienen integradas hace muchos años, hecho que ha tenido como consecuencia la pérdida de la dedicación a la Historia como tal, a la Geografía en general o la Democracia misma y más aún con las llamadas y obligatorias cátedras de Constitución Política, Afrocolombianidad, La Paz y Competencias ciudadanas, y en el Quindío, agréguele la cátedra de la Quindianidad.

En otros términos: es cierto que la Historia, la Geografía y la Democracia van unidas al devenir del país, pero el tiempo que se da para cada asignatura hace imposible formar a los estudiantes en cada una de ellas como es debido, con la compresión y la reflexión requeridas, y entonces el maestro está obligado a reemplazar estos elementos por una simple guía acomodada a un currículo determinado por el ministerio de Educación al que se debe ceñir con el cacareado plan de área que debe presentar el docente cada año. Así nadie aprende Historia y entonces los estudiantes tienden a confundir “los padres de la independencia” y los sitios en donde se desarrollaron los hechos.

Otro factor de la ley es la Comisión Asesora, que pretende imponer una historia oficial o lo que se ha llamado “historia patria”, dejando de lado el análisis y la reflexión crítica a los hechos históricos. En esta parte tendrán que estar muy atentos los miembros de dicha comisión, me refiero a los representantes de las academias de historia reconocidas, historiadores, facultades de Educación y docentes, que según la ley, la están integrando.

Dijo Mónica Ramírez Peñuela, directora de calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación, en su momento: “El objetivo de la ley es hacer evidente la enseñanza de la historia de Colombia como una disciplina integrada a las Ciencias Sociales y que los estudiantes tengan como referencia el contexto cultural, geográfico, y político para formar ciudadanos que transformen el presente y el futuro, a partir de la comprensión crítica del pasado para no repetirlo”. Estamos de acuerdo, pero igualmente, si hay que tener comprensión crítica del pasado también hay que tenerla del presente, y asimismo visión crítica del futuro.

En todo caso, a la educación colombiana le urge una enseñanza de la Historia como también de la Geografía y de la Política en general donde prime la profundidad y comprensión de los estudiantes del devenir de su país, del territorio en el que vivimos, que verdaderamente tengan elementos para una transformación social, pero hay que darles las herramientas, hay que proporcionarles profesores especialistas en cada área y no un solo profesor dictando todas la áreas que integran las sociales en dos o tres horas semanales, y con el agravante, en muchos casos, de ser un profesor de otra área que nada tiene que ver con las Ciencias Sociales.

Es de destacar que la ley 1874 creada por el Congreso en el gobierno de Santos, contempla que los estudios históricos de Colombia “pongan énfasis en la memoria de las dinámicas de conflicto y paz que ha vivido la sociedad colombiana, para promover la capacidad reflexiva sobre la convivencia, la reconciliación y la importancia de una paz duradera”.

Ese énfasis y esa capacidad reflexiva, esa comprensión se debe promover desde la escuela. Hay un primer paso que dio el gobierno anterior, que el actual si es que en verdad quiere una Colombia nueva como lo promulga, sin odios, sin las disculpas de lo malo del mandato de Santos que muestran a cada instante sus seguidores, sin revanchismos, con propuestas, con una dinámica que cambie la violencia en todos sus modalidades, le dé la puntada certera a la ley de la Enseñanza de la Historia, para no volver a equivocar los héroes de la patria y para no estar siempre condenados a repetirla.