En cada año que tiene lugar una jornada electoral es frecuente escuchar comentarios de electores, miembros de grupos políticos, o de los mismos candidatos, haciendo alusión a lo “duras que van a estar estas elecciones”. Expresiones normales, porque cada época electoral responde a dinámicas diferentes que cambian el nivel de complejidad para ocupar una curul o un cargo uninominal.

Claramente este año no es la excepción. Si bien la normativa es la misma, las realidades de los municipios y los departamentos han variado, hasta el grado de causar incertidumbre para algunos candidatos que, si las elecciones hubiesen sido en otras circunstancias como venían acostumbrados, estarían tranquilos, la tendrían segura.

A las circunstancias cambiantes, se le suma la carrera por el monopolio político en el país, porque llegar a alcaldías, gobernaciones y obtener buena representatividad en las instituciones colegiadas regionales y locales es sinónimo de consolidación. Al parecer lo que está en juego el 27 de octubre es la afirmación de algunos partidos y cacicazgos políticos, el ascenso de otros, y para unos cuantos, el final.

Y como es frecuente en algunas ocasiones de la vida, la plata también es un problema. A propósito, es curioso que la escasez de recursos siempre es la justificación imperante a la hora de negar algunas gestiones de inversión pública, pero al ver la abundancia de las instituciones en gastos de funcionamiento, esta excusa se vuelve cuestionable.

Bueno, retomando el tema del dinero, como escollo en el camino de los escrutinios, El Consejo Nacional Electoral (Institución cuestionada y aparentemente a un paso de ser obsoleta) radicó un derecho de petición ante el Ministerio de Hacienda alertando que está desfinanciado en aproximadamente $71.000 millones.

¿Qué supone esto? Aparte de la primera palabra que venga a la cabeza del lector, ‘corrupción’, esto se traduce en una dificultad para el proceso electoral. Según Heriberto Sanabria, presidente del CNE, la institución necesita $80.000 millones de pesos para cumplir a cabalidad en una vigencia fiscal en la cual hay de por medio un calendario electoral a ejecutar. De esos $80.000 millones necesarios, el presupuesto asignado para el CNE fue de $ 9.000 millones.

Como consecuencia, entre otras, la dificultad que se pone sobre la mesa es la eventual debilidad del CNE para la vigilancia y control de los escrutinios, elementos indispensables para garantizar transparencia.

Contienda por el monopolio político, cambios de realidades y desprestigio institucional de la mano de falta de recursos económicos, entre otras, reafirman el dicho de “lo duras que van a estar estas elecciones”. Al parecer la política de Colombia no ha podido encontrar su lugar, se está buscando, se está reacomodando, está en camino y no ha podido llegar, adolece de dirigentes e instituciones que faciliten el proceso. Está entre la política de otrora, anquilosada en el tiempo, y entre la formación de una nueva política, adecuada a los cambios de época.