El Consejo de Estado al atender la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, ordenó a las autoridades penitenciarias y del departamento de Quindío adoptar las medidas administrativas y presupuestales necesarias para mejorar las instalaciones de la cárcel de mediana seguridad de Calarcá.

En fallo de segunda instancia la alta corte confirmó la decisión adoptada en enero de 2018 por el Tribunal Administrativo de Quindío, que al resolver una acción popular instaurada por las procuradurías 40 y 289 judiciales penales de Armenia, determinó que en la penitenciaria de Peñas Blancas se están vulnerando los derechos de los reclusos a gozar de un ambiente sano, contar con seguridad y salubridad pública, infraestructura, prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos de agua, alcantarillado y electricidad, y a contar con un plan de prevención de desastres previsibles técnicamente.

Obras necesarias

En la misma decisión, se ordenó la ejecución de las obras necesarias para implementar un plan de atención prioritario que garantice a los internos unas condiciones de subsistencia dignas y humanas, que incluyan la reparación de los sistemas sanitarios, tuberías de desagüe, baños y duchas; poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias; instalar puertas en los baños, y controlar las plagas y animales.

Al confirmar esa decisión el Consejo de Estado ordenó que las gestiones para conseguir los recursos se realicen en un plazo máximo de 12 meses, contados a partir de que el fallo quede en firme, y las obras de mantenimiento y construcción que se requieran se ejecuten en los 24 meses siguientes a la asignación de los dineros.

La decisión fue proferida contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec-, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –Uspec-, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Calarcá, el municipio de Calarcá y el departamento del Quindío.