• MIÉRCOLES,  20 FEBRERO DE 2019

Colombia  |  08 febrero de 2019  |  12:00 AM |  Escrito por: Edición web

Procuraduría abrirá investigaciones a alcaldes y gobernadores que desatiendan las alertas de amenazas de líderes sociales

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El Procurador General de la Nación Fernando Carrillo Flórez advirtió que el asesinato de 446 líderes sociales en Colombia, tras la firma del Acuerdo de Paz, dejaría en evidencia que el Estado no estaba listo para defender el liderazgo social y que gobernadores y alcaldes desatienden las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo por lo que se abrirán investigaciones disciplinarias.

“El Estado parece que no estaba preparado para defender el liderazgo social del país... Se nos están acabando las excusas a todos para decir por qué no hay acción y por qué no somos capaces de frenar este desangre”.

Mesa por la vida

Carrillo Flórez al instalar la III Mesa por la Vida, junto con el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, anunció que “la Procuraduría trabajará de manera articulada con la Defensoría para conformar un cuerpo élite de seguimiento e investigación” en los casos de amenazas y crímenes de líderes sociales.

El jefe del Ministerio Público señaló que “el sistema de alertas tempranas es una herramienta que hay que respetar, que hay que atender”... “No podemos seguir mirando para otro lado. Entidades territoriales y/o entidades responsables que no atiendan integralmente las alertas tempranas serán investigadas”.

Garantías

En su intervención ante líderes sociales del país, representantes del gobierno, gobernadores y alcaldes, organizaciones internacionales y organismos internacionales, entre otros, el procurador lanzó “un llamado a la Comisión de Garantías de Seguridad a establecer la frecuencia y calendario de este espacio vital para los líderes”.

Asímismo, instó a los gobernadores a crear instancias permanentes de diálogo social permanente con líderes y lideresas, y a romper el círculo de acción y convocatoria sólo cuando se está al frente de la tragedia y se reportan los asesinatos.

“Falta una acción decisiva de los gobernadores y alcaldes como primeros responsables en los territorios, justo los lugares más peligrosos para ejercer liderazgo en Colombia. Es momento de parar esta masacre”.

Pocos avances

El jefe del ente de control lamentó los pocos avances en la protección colectiva, preventiva, rural, con enfoque diferencial y de género. “El Estado debe hacer el gran esfuerzo de tener los pies en los territorios y responder a las necesidades locales”.

“A los líderes los están matando por buscar romper las cadenas de los cultivos ilícitos y la minería ilegal. Las zonas de las masacres coinciden con los nichos de los cultivos ilícitos y las rutas de narcotraficantes”.

La III Mesa por la vida contó con la participación de Luisa Ortega, líder juvenil de El Salado; Maria Paulina Riveros, Vicefiscal General de a Nación; Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior; Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad; Dumek Turbay Paz, gobernador de Bolívar; Carlos Camargo Assís, presidente de la Federación Nacional de Departamentos; Rafael Gallo Paredes, alcalde de El Carmen de Bolívar; Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia; Carlos Ruiz Massieu, representante Especial y Jefe de la Misión de Verificación de ONU en Colombia; Roberto Osvaldo Menéndez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos – OEA, y Miguel Antonio Ceballos, Alto Comisionado de Paz.

Asímismo, participaron Mayerlis Angarita, directora de Colectivos Narrar para Vivir; Juana Ruiz, representante de las Tejedoras de Mampuján; Ricardo Esquivia del Espacio de Construcción de Paz de Montes de María; Laura Cantillo de la Veeduría Étnica Nacional, y Soraya Bayuelo del Colectivo de Comunicaciones de Montes de María y Premio Nacional de Paz.

En el panel sobre la protección individual y colectiva intervinieron Pablo Elías González Monguí, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP); Jhony Carlos Alberto Palacios Mosquera, gobernador de Chocó; Patricia Riveros de la Mesa de Víctimas; Julia Cogollo, líder social de Bolívar; Gustavo Vengoechea, director ejecutivo de la Federación Comunal del Atlántico; Jaime Arias del cabildo gobernador resguardo indígena Kankuamo, y José Humberto Torres, vocero nacional Plataformas de Derechos Humanos.

También participó Camilo Romero, gobernador de Nariño; María Eugenia Alarcón, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Defensoras; Martha Robles Hernández, de la Mesa de Víctimas Departamental de Sucre; Edgardo Flórez Martínez, de la mesa de Carmen de Bolívar; Lucy del Carmen Sosa Ardila, de Cartagena, y Yadis Marcela Ramírez de la Conferencia Colombiana Afrocolombiana.

 

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