Con el arribo en la tarde del sábado de tres aviones C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense cargados con cerca de doscientas toneladas de ayuda humanitaria enviadas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional —USAID, por sus siglas en inglés— se completan, según información de la Cancillería colombiana, más de doscientas sesenta toneladas en asistencia humanitaria desde que el pasado 7 de febrero arribaran a Cúcuta los primeros camiones con toneladas de alimentos, utensilios de aseo y medicamentos esenciales.

Sin embargo, a la fecha, las ayudas se encuentran represadas en un centro de acopio en la ciudad fronteriza, ante las dificultades que ha representado su ingreso a territorio venezolano a raíz del bloqueo interpuesto por la Guardia Nacional Bolivariana en el puente de Tienditas.

Ante este panorama, algunos ciudadanos han hecho eco a la posibilidad de dirigir estas ayudas para mitigar la compleja situación humanitaria que se vive en departamentos como La Guajira. Con ello, se ha resaltado un discurso parroquial, que vocifera el pregón de “priorizar lo nuestro”, en detrimento del eventual despliegue institucional y organizacional que se pueda hacer a propósito de la oprobiosa situación humanitaria en el vecino país.

Esta propuesta, además del tono parroquial con el que se defiende, desestima algunos factores que cuestionan su factibilidad.

Por un lado, la USAID ha sido la encargada de coordinar el envío y la organización de la asistencia humanitaria en la frontera, con el único propósito de ser suministrada a la población del vecino país, respondiendo a un requerimiento público del proclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Por ello, es logística e institucionalmente inviable pedir que estas ayudas sean redirigidas hacia territorios y comunidades vulnerables en Colombia.

Por otro lado, esta aproximación desestima los compromisos internacionales que el Estado colombiano ha suscrito en materia de protección de los derechos humanos en situación de extrema vulnerabilidad, como ocurre actualmente en Venezuela, así como la deuda histórica que como colombianos tenemos con el pueblo venezolano, a raíz del flujo migratorio que llevó a que millones de colombianos se asentaran en territorio venezolano, en busca de oportunidades que otrora afloraban gracias a la solvencia económica del país petrolero, mientras que de este lado del Orinoco languidecían a causa del conflicto armado.

En lugar de defender una posición abiertamente parroquial y populista, la veeduría ciudadana, en trabajo articulado con los organismos de control, deberá realizar un acucioso trabajo de vigilancia y control frente a la ejecución del presupuesto de inversión asignado al departamento de La Guajira, en el Plan Nacional de Desarrollo, estipulado en 20,3 billones. Con ello, se limitarían las posibilidades de un manejo corrupto de tales inversiones y, consecuentemente, se reducirían los índices de pobreza y malnutrición en el departamento, que terminan suscitando voces que bogan por asistencia humanitaria en lugar de una solución estructural.