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Judicial  |  01 marzo de 2019  |  12:00 AM |  Escrito por: Edición web

Tribunal anula proceso contra Francisco Valencia, esposo de la exalcaldesa Luz Piedad Valencia

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Al acoger la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Superior de Quindío anuló el juicio adelantado contra Francisco Valencia Salazar, esposo de la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, al considerar que la rebaja de pena concedida por el juez de primera instancia no cumplió los requisitos exigidos por la ley.

El tribunal, en decisión de segunda instancia, consideró que a Valencia Salazar no le podían conceder una rebaja en la pena, a pesar de haber aceptado cargos por la apropiación de más de 16 mil millones de pesos del municipio, porque este no reintegró al menos el 50 por ciento del dinero apropiado, como lo exige el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal.

Nulidad

Por esa razón el tribunal decretó la nulidad de lo actuado desde la audiencia en la que Valencia aceptó los cargos, para que desde esa fase se retome el juicio en su contra. Como consecuencia de la decisión, fue revocada la sentencia de 60 meses impuesta al procesado.

Valencia fue condenado en agosto de 2018 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Armenia, decisión apelada en su momento por la Procuraduría, que consideró que el procesado es el autor principal de las graves conductas investigadas, y mientras no cumpla con el reintegro exigido el juez no podía aprobar la aceptación de cargos.

Delitos

El juicio se adelanta por la presunta responsabilidad del procesado en los delitos de peculado por apropiación, en calidad de interviniente, y concierto para delinquir, por exigir dinero a los contratistas encargados de ejecutar las obras de valorización de Armenia, durante la administración de su esposa Luz Piedad Valencia Franco (2012 – 2015).

La decisión del Tribunal Superior de Armenia, tomada a partir de la apelación presentada por la Procuraduría, le permite al municipio reclamar la indemnización que aparentemente le corresponde pagar al procesado, la cual asciende a $7.002 millones de pesos, cifra establecida en el más reciente peritaje realizado por las autoridades judiciales que intervienen en el juicio.

 

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