Pese a que se reúnen los requisitos para imponer la medida de aseguramiento de detención privativa de la libertad en establecimiento carcelario, la juez de la causa se abstuvo de tomar esta decisión en el juicio que se le sigue a los diputados del Quindío Néstor Jaime Cárdenas Jiménez, Luis Alberto Rincón Quintero y Mariluz Ospina García, a los exdiputados César Londoño Villegas,  Margarita María Ramírez Tafur y Luz Mery Bedoya de López, como a la exsecretaria de esa corporación Marién Vanegas Castillo.

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La Fiscalía había solicitado la medida de aseguramiento con detención privativa de la libertad de las siete personas, a lo que se abstuvo la juez, argumentando que el ente acusador no presentó pruebas suficientes que sustentaran la detención de los implicados, lo que considera la juez como una falla garrafal de la fiscal del caso. La medida de aseguramiento sigue vigente, pero sin detención en establecimiento carcelario de los implicados. El caso se da en la llamada audiencia preliminar, o audiencia de imputación de cargos en el sistema penal acusatorio con juicio oral. El juicio continúa en su fase siguiente, la audiencia preparatoria, donde la defensa descubre los elementos materiales probatorios de la inocencia de sus clientes, cuya fecha no ha sido revelada aún.

Los 7 imputados reúnen el requisito de ser un peligro para la comunidad, dijo la juez que preside la audiencia pública preliminar de solicitud de medida de aseguramiento por el presunto delito de prevaricato por acción contra quienes al parecer incurrieron en violación de la ley cuando tramitaron y aprobaron las ordenanzas 010, 011, 012 y 015 de 2015 presentadas a la Asamblea Departamental por la entonces gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio. 

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Dijo la juez que retirando de la comunidad a estas personas es de la única manera que se garantiza la protección de la sociedad, por cuanto se está frente a un concurso de conductas punibles ya que 4 veces se cometió el mismo delito. Igualmente, sostuvo, que la actuación de todos los investigados es supremamente grave porque actuaron de forma improvisada a la hora de tramitar y aprobar las ordenanzas en cuestión. Sin embargo, las pruebas para la detención son insuficientes.

Al referirse a Marién Vanegas Castillo, exsecretaria de la duma, consideró la juez que su ausencia del país es una causal para evadir la acción de la justicia, aunque no será tenida en cuenta para su decisión final.

Señaló que pese a que procede la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, la Fiscalía en ningún momento probó que las medidas privativas de la libertad fueran suficientes, lo que es una falla del ente Acusador. En otros términos, la medida de aseguramiento sigue vigente, pero sin detención en establecimiento carcelario. 

La juez impuso a los acusados vigilancia permanente por parte de la policía, la obligación de presentarse cada 15 días ante la Coordinación del Centro de Servicios Judiciales, la observancia de buena conducta, la cual debe ser constatada por la Fiscalía, prohibición de salir del país, así como el pago de 20 salarios mínimos legales mensuales para los que están en ejercicio de sus cargos de diputados y 10 salarios para los que no lo están.

En el caso de Marién Vanegas Castillo, la juez le ordenó regresar al país en los siguientes 5 días hábiles para que cumpla con las prohibiciones impuestas y firme el acta correspondiente.
Dijo finalmente la juez que por error de la Fiscalía no se llevó a cabo la privación de la libertad, y agregó que tal vez no tengan la misma suerte, en la próxima audiencia.

Una vez conocida la decisión del Juzgado, se escucharon exclamaciones de tranquilidad por parte de los familiares asistentes a la sala, pese a la orden de mantenerse en silencio. El llanto fue una expresión notoria y las oraciones de agradecimiento se escuchaban en susurro.

A la salida los abrazos y voces de alegría entre acusados y familiares y amigos no se hicieron esperar.