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Columnistas  |  26 marzo de 2019  |  12:00 AM |  Escrito por: Rafael Nieto Loaiza

Los indígenas pretenden gobernarnos

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Rafael Nieto Loaiza

Dagua, comunidad indígena Nasa del Cauca, jueves 21 de marzo, a eso de las 2:50 pm una fortísima explosión mata nueve personas y tres más quedan heridas. La tragedia ha sido causada por manipulación indebida de explosivos. Dos días antes, en Santander de Quilichao, es asesinado con un tiro en el cuello un policía desarmado, cinco policías más y tres soldados también son heridos por balas y esquirlas, cuando intentaban despejar la vía.

 A estas alturas es evidente que la protesta está lejos de ser pacífica. Los muertos y heridos lo desmienten. ¿Infiltrados? ¿Indígenas de las mismas comunidades? Seguramente ambas cosas. Una demostración de que a) el conflicto en Colombia no ha terminado, b) algunos indígenas están aliados con grupos armados ilegales y otros los toleran y encubren y c) en todo caso, las asociaciones indígenas caucanas entienden mal el alcance de sus derechos y les importa un comino los derechos de los demás.

 Esta protesta, no sobra recordar, no es una más. Se cuentan 40 bloqueos a la Panamericana desde 1986, en promedio más de uno por año. Del paro de 2017, los indígenas se fueron con el 1% del Sistema General de Participaciones, más de lo que se destina a la alimentación escolar en el país, y con 76 compromisos adicionales por parte del gobierno. De estos compromisos, algunos insensatos, 26 se cumplieron ya (8 en este gobierno), 37 tienen avances y solo dos no, según Caracol Radio. De manera que no es cierto que, como dijo Norman Bañol, un líder indígena, se trate de forzar al gobierno a revisar “algunos temas de los acuerdos incumplidos”.

 Ni tampoco que los indígenas no tengan tierras, aunque ahora pidan 20.000 hectáreas adicionales a las que ya tienen. Los indígenas constituyen una porción muy minoritaria de la población colombiana, apenas el 3.4%, pero controlan el 27.6% del total de la tierra rural, más de 31.6 millones de hectáreas.

 Hay que decirlo con claridad: la motivación de este paro es política. Por un lado, después del Putumayo, el Cauca es el departamento donde Petro sacó en porcentaje más votos (65%) frente a Duque (32,2%), en buena parte por el apoyo indígena. Por el otro, los dirigentes del paro han reconocido sus motivaciones: “Llega un Gobierno que quiere retroceder en los derechos sociales, económicos y culturales de los indígenas y campesinos” dijo un dirigente indígena. Finalmente, basta mirar el temario de 29 puntos que pretenden: no objetar la JEP, detener el proceso de modernización del MinTic, desmontar el Esmad, eliminar el servicio militar obligatorio y reducir el presupuesto de MinDefensa, darle carácter de autoridad ambiental a los cabildos indígenas, desmontar las Zidres, hacer vinculantes las consultas populares sobre proyectos extractivos, prohibir el fracking, y que se les entreguen 3.6 billones adicionales a los 10 billones que ya están previstos en el Plan Nacional de Desarrollo para los indígenas en este cuatrienio y que, además, pretenden desarrollar con total “autonomía”.

 Los indígenas, vía los bloqueos, pretenden gobernarnos. Más allá de sus muchos privilegios, que no tenemos los demás ciudadanos, quieren imponernos su visión del mundo y de lo que le conviene a Colombia. La democracia no es para ellos. Les sirven, en cambio, las vías de hecho. Como reconocen Bañol, “nos tomamos la Panamericana porque hemos aprendido, a través de la historia, que la única forma de poder sentar a los gobiernos es presionar en aquellos sitios que son de importancia estratégica para ellos. La vía mueve el sur del país, ciudades importantes, y le da conectividad con el resto del cono sur”. Mientras escribo, los indígenas discuten si bloquearán el puente internacional de Rumichaca y se conocen que otros cobran peaje por permitir transitar en el Darién.

 Es decir, empezamos a estar sitiados. El Gobierno no puede seguir asumiendo nuevos compromisos y menos si los va a cumplir, no debe negociar con los indígenas lo que no les incumbe, no puede tolerar las violaciones que están haciendo de los derechos de los demás y, sobre todo, tiene que frenar las vías de hecho y hacerlo pronto y con contundencia. 

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