Algunas personas no están de acuerdo con que a los ricos se les cobren más impuestos, en porcentaje, que a los demás miembros de la sociedad. Por ejemplo, si la persona de clase media paga el 10% de sus ingresos en impuestos, entonces, según estas personas, los más ricos deben pagar el 10% de sus ingresos en impuestos. De no hacerlo, dicen, se restringe la libertad individual de los ricos al negarles su derecho a la igualdad.

A primera vista, esto parece tener lógica: toda la vida nos han dicho que la ley debe ser igual para todos. Sin embargo, en la realidad, la ley no es igual para todos. Y está muy bien que no lo sea. Por ejemplo, los niños tienen ciertas restricciones en sus libertades, porque consideramos que aún no son autónomos; es decir, consideramos que no están en la capacidad de determinar su voluntad por la razón, sino que su voluntad es determinada, principalmente, por sus inclinaciones e instintos. Seríamos unos inconscientes si permitiéramos que la ley tratara a un niño como trata a un adulto, al que se le puede responsabilizar por sus actos, precisamente porque se le considera autónomo. Así tengan dinero, la ley no permite que los niños compren licor, ni que voten, y está muy bien que así sea. Por la misma razón (falta de autonomía), las personas con ciertas discapacidades cognitivas tampoco reciben un tratamiento igual por parte de la ley. Pero si esto es así, ¿por qué se dice que la ley es igual para todos?

En una democracia, el valor de la igualdad deber ser interpretado como igualdad proporcional, no aritmética. La igualdad proporcional, como lo explicó Aristóteles, consiste en un trato igual para los iguales, y un trato desigual para los desiguales. Nuestra confusión respecto del valor de la igualdad se da porque la interpretamos en su forma aritmética: lo mismo a todos. Por eso, creemos que la ley debe tratarnos a todos exactamente de la misma forma. Sin embargo, esta interpretación de la igualdad crea injusticia, porque no todos necesitamos ni merecemos lo mismo. Este mismo argumento podría esgrimirse contra un sistema económico que pretendiera darnos a todos los mismos ingresos, por hacer diferentes trabajos, que requieren diferentes grados de esfuerzo y preparación. Por obvias razones, los mismos ingresos para todos sería injusto.

Hasta hace muy poco, en Colombia, las personas sexualmente diversas recibían un trato desigual por parte de la ley: no gozaban de los mismos derechos que los demás ciudadanos, no se podían casar ni adoptar niños. Estas restricciones sobre sus derechos humanos se justificaban en una diferencia en la orientación sexual y/o la identidad de género. Sin embargo, la Corte Constitucional, en consonancia con el sistema internacional de derechos humanos, consideró que ser homosexual, bisexual o transgénero no era razón suficiente para recibir un trato discriminatorio en derechos. Es decir, en una democracia, el trato desigual por parte de la ley debe estar debidamente justificado. En el caso de los niños y los discapacitados cognitivos, está claro que lo que justifica el trato desigual es su falta de autonomía. En el caso de las personas LGBT, tratarlas de forma desigual en razón de su orientación sexual y/o identidad de género es injusto, porque las razones que se dan para ello están basadas en prejuicios y estereotipos que no encuentran respaldo científico. Hay consenso científico alrededor de que la homosexualidad, la bisexualidad y el transgenerismo son aspectos normales de la sexualidad humana; ergo, no son trastornos mentales. Por eso mismo, estas orientaciones sexuales e identidades de género fueron removidas de la lista de enfermedades mentales. Las personas sexualmente diversas no tienen ningún impedimento para formar familia ni para criar hijos.

Respecto de cobrarles mayores impuestos, en porcentaje, a los más ricos, ¿habría alguna razón de peso para justificar dicho tratamiento desigual? En mi opinión, sí la hay, y tiene qué ver con el fortalecimiento de la democracia. A continuación, desarrollo la idea:

El sistema capitalista es intrínsecamente injusto. ¿Por qué? Porque es un sistema que tiende a la concentración de la riqueza en unos pocos. Esto lo sabemos todos: “plata llama plata”. Entre más grande es el capital, más grande tiende a ser el rendimiento de dicho capital. Entre más grande es el capital, menos esfuerzo hay que hacer para mantenerlo y reproducirlo:

“La tasa de rendimiento privado del capital r puede ser significativa y duraderamente más alta que la tasa de crecimiento del ingreso y la producción g (…) La desigualdad r > g implica que la recapitalización de los patrimonios procedentes del pasado será más rápida que el ritmo de crecimiento de la producción y los salarios. Esta desigualdad expresa una contradicción lógica fundamental. El empresario tiende inevitablemente a transformarse en rentista y a dominar cada vez más a quienes solo tienen su trabajo. Una vez constituido, el capital se reproduce solo, más rápidamente de lo que crece la producción. El pasado devora al porvenir” (Thomas Piketty, El Capital en el siglo XXI).

En mi opinión, esta contradicción del capitalismo justifica un trato desigual en materia tributaria para los que más tienen. Para evitar que la riqueza se concentre de forma exagerada, el Estado debe cobrarles más impuestos a los ricos que a todos los demás ciudadanos, para con ese dinero generar igualdad de oportunidades. Pero generar igualdad de oportunidades no es repartir dinero entre los pobres, sino, sobre todo, ofrecerles un sistema público de educación de calidad, que les permita a los hijos de los pobres desarrollar sus talentos y salir de la pobreza. De esa forma, nos beneficiamos todos, incluidos los más ricos, porque van a poder disfrutar de una sociedad menos violenta e inestable. Sin embargo, esto tampoco significa que vamos a “ahogar” a los ricos en impuestos. Sin acumulación de capital, no hay crecimiento económico; sin crecimiento económico, no hay nada para distribuir ni redistribuir.

Para generar igualdad de oportunidades, el sistema público de educación no puede ser de menor calidad que el privado. ¿Por qué? Porque si es así, entonces los hijos de los que más tienen recibirán una mejor educación, desde el preescolar, lo que les otorgará ventajas para el resto de su vida. En Colombia, por ejemplo, los hijos de los ricos van a colegios privados que les enseñan muy bien a hablar y escribir en inglés. No puede decirse lo mismo del nivel de inglés de los que han estudiado siempre en el sistema público. En un mundo globalizado, esta ventaja puede ser determinante en el tipo de oportunidades laborales y académicas que reciben unos y otros. Esto hace que no podamos decir que el sistema de educación colombiano genera igualdad de oportunidades.

¿Por qué es importante para una democracia generar igualdad de oportunidades? Cuando no hay igualdad de oportunidades, vence casi siempre el privilegio. Y los privilegios son antidemocráticos, precisamente porque la democracia parte de la necesidad de que quien gobierne lo haga legítimamente, no por privilegios (Dios, linaje, etc.). La democracia es meritocrática, y por eso propone el valor de la igualdad en su interpretación proporcional, no aritmética. La democracia busca que sean los mejores quienes gobiernen y legislen. Pero sin igualdad de oportunidades, lo más seguro es que quienes gobiernen y legislen sean, en su mayoría, los privilegiados. Para la muestra, un botón: Colombia. Con el agravante de que aquí no gobiernan y legislan los mejores entre los privilegiados, sino los más deshonestos, que pueden fácilmente engañar a una ciudadanía sin formación política.

La igualdad de oportunidades, además, genera mayor igualdad económica (una clase media más robusta). ¿Por qué es importante para una democracia que la riqueza no esté concentrada en pocas manos? Cuando la desigualdad económica es muy grande, como en Colombia, el poder económico se hace fácilmente con el poder político. Los más ricos compran medios de comunicación, difunden su discurso entre el pueblo y financian campañas, para asegurarse de que sus intereses estén sobrerrepresentados en el Estado. Por ejemplo, el caso del hombre más rico de Colombia, el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo: financia campañas presidenciales, sus empresas se quedan con contratos del Estado, es dueño del periódico de mayor circulación en el país (El Tiempo) y nos puso a su abogado de confianza de Fiscal General de la Nación, para poder tapar sus inmoralidades. En síntesis, la excesiva concentración del poder económico nos ocasiona una excesiva concentración del poder político que sovaca la democracia. Por este mismo principio democrático de no tener el poder muy concentrado (“todo el poder a ninguno”), es que la democracia rechaza la economía de mando. Si el Estado reemplaza al mercado, entonces un solo ente, el Estado, concentraría todo el poder político y todo el poder económico, lo que deja al individuo sin margen de defensa frente a ese Estado. Por eso, no es casualidad que los intentos de socialismo hayan terminado todos en regímenes antidemocráticos.