Por Eddie Polanía R.

Tanto cree el Gobierno Nacional en el importante rol que jugarán los Esquemas Asociativos Territoriales (EAT) en el desarrollo regional, que el Plan Nacional 2018-2022 se la juega con ellos como instrumentos de negociación, concertación y ejecución. Tenía que ser así, pues no podía el Estado aprobar la Ley de Regiones, formular el Plan Nacional con enfoque de región, y luego dejar los EAT colgados en el aire, sin posibilidades de juego en la inversión. Hubiera sido una fatal contradicción, primero, contra la lógica de la planeación territorial exigente de solidaridad y esfuerzos colectivos, y segundo contra las reclamaciones de las regiones que piden a gritos autonomía, descentralización y recursos, para no sucumbir ante sus problemas y escaseces.

En este contexto es evidente que la reanimación de los intereses regionales, inducidos por un flujo emergente de energía que bien pudiera llamarse el efecto RAP ―en buena hora asimilado por los parlamentarios, los gobernadores y otras fuerzas― ha resultado crucial. Su primera consecuencia fue haber resistido y superado el veto a la ley por parte del ministro de Hacienda. Indudablemente fue un significativo pulso entre un centro denso y voraz, que se niega a mirar más allá de sus propios intereses, y una periferia atascada por trabas internas y externas, pero que a veces intenta reaccionar ante sus apremiantes ansiedades.

La RAP, la RET y otros logros en el campo del desarrollo y del ordenamiento territorial no son concesiones espontaneas del Estado, aunque se hayan gestado en su interioridad. La oposición de Carrasquilla a la ley muestra cómo se comporta el centro. Los avances logrados en el tema regional han sido producto de exigencias que aguardaron por años en los anaqueles del Estado, afortunadamente recuperadas y planteadas en el seno de la Constituyente del 91, entre otros por el profesor Orlando Fals Borda y el actual gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Regiones y provincias con descentralización y autonomía nuclearon la demanda de la sociedad. Al final, las reformas logradas resultaron tímidas y el centralismo estatal pudo mantener su statu quo. Veintiséis años debieron transcurrir para que el Congreso, también por presiones de la periferia, se decidiera a expedir la tibia ley 1962 de 2019.

El modelo estatal centralista, en Colombia, es producto de los intereses y de las relaciones de poder de los sectores dominantes que por décadas han gobernado el país. La invariable estructura centralista es la que mejor se ajusta a dicho proyecto, que le permite al centro conservar el poder y la capacidad de decisión, a costa del control y del atraso de la periferia. Dicho dominio político, económico y administrativo restringe la iniciativa de los territorios. Es evidente que en estas condiciones la tarea del desarrollo se difiere y se trastoca más.

La conformación en el año 2014 de la Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE CENTRAL), integrada por Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima, parece haber descongelado el tema regional, si se tiene en cuenta que en el lapso de cuatro años ―en virtud de los estímulos y ventajas de ese esquema asociativo― se conformaron la RAP Pacífico (2016), la RAP Caribe (2017) y la RAP del Eje Cafetero (2018), proceso que estimuló el ambiente para que los restantes departamentos estén ad portas de articularse siguiendo este modelo. Es decir, el debate sobre la descentralización, la autonomía y los recursos, resurge por cuenta del Efecto RAP, y une vigorosamente a las regiones en función de sus reclamos y aspiraciones.

Pero no todo está escrito y no será este el fin de la historia. El movimiento regional puede continuar ascendiendo por la ruta que le trazaron la Constitución, la LOOT y la Ley de Regiones; o en un caso diferente y alternativo puede optar, dependiendo de condiciones políticas diferentes, hacia sistemas más flexibles y de mayor autonomía regional. En el primer caso, las Regiones Administrativas y de Planificación podrán modificar su status y convertirse al cabo de cinco años en Región Entidad Territorial (art. 9, ley 1962/19), en cuanto cumplan las exigencias de ley, una de las cuales consiste en superar la prueba de un referendo en cada departamento. Es decir, en últimas, quedará en manos de la ciudadanía aprobar o rechazar el paso a la RET. Serán, entonces, los logros, impactos y beneficios de la Región Administrativa ―en la calidad de vida, en el desarrollo sostenible y en el avance institucional de cada departamento― el criterio determinante para que la RAP sea evaluada como proyecto exitoso, o reprobada como una nueva desilusión. El éxito por esta vía dependerá de la eficiencia de los actuales gobiernos regionales.

En el segundo caso, la vía alternativa podría lograrse si una vez bajo el dominio de las RET, éstas miran más arriba, y deciden aspirar al sistema de provincias autonómicas. Algo semejante al proceso español después de la dictadura de Franco.

En cuanto al PND 2018-2022, ya hemos dicho que su actual estructura diseñada en función de Pactos estructurales, Pactos transversales y Pactos por la productividad y equidad de las regiones, constituye un llamamiento a los EAT (RAPE, RAP, Asociaciones de municipios, RPG, etc.) para que aprovechen las posibilidades de inversión allí contenidas. Significan un importante apoyo que las RAP, urgidas de recursos, deben aprovechar.

Por lo pronto, para continuar con éxito su marcha hacia la RET, le quedan tres tareas a la RAP: 1) Propiciar un flujo sostenible de hechos, transformaciones y fuertes articulaciones institucionales y programáticas con el entorno, tendientes a consolidar una dinámica de impulso, autoafirmación y legitimidad social; 2) Proyectarse con logros e impactos contundentes y altamente positivos, en materia de desarrollo, para sacar adelante la región y aprobar el referendo; 3) Hacer del efecto RAP un movimiento coherente de fuerzas y esfuerzos, que impulse la descentralización, la autonomía y el tema regional, hacia un nivel de mayores logros y transformaciones cualitativas.

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