Los creyentes católicos y evangélicos del Quindío no pueden creer que en una vereda del municipio de Quimbaya se adore al mismísimo Diablo, en un templo construido allí por la Asociación Templo Luciferino Semillas de Luz. Tanto así, que el alcalde de la población de Quimbaya Jaime Andrés Pérez Cotrino le ha pedido, desde el año 2016, a la oficina Jurídica del departamento del Quindío cancelar la inscripción en el registro de entidades sin ánimo de lucro de la mencionada asociación luciferina.

Ante esta petición, el gobernador del Quindío, padre Carlos Eduardo Osorio se declaró impedido para resolver la situación de la ‘Asociación Templo Luciferino Semillas de Luz’, por su condición de sacerdote de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ante dicho impedimento, la Procuraduría designó al gobernador de Risaralda Sigifredo Salazar para que asumiera el caso, pero el mandatario del vecino departamento dijo que eso no era de su competencia y rechazó tal designación. Es decir, nadie quiere tener esa ‘papa caliente’ que arde en el horno de Lucifer.

Después de casi tres años del asunto, el ministerio del Interior designó a Beatriz Lorena Ríos Cuéllar, directora de asuntos religiosos de dicha cartera, como gobernadora encargada del departamento exclusivamente para que sea ella quien realice los procedimientos y actuaciones concernientes a este tema.

La secretaria Jurídica y de Contratación del departamento del Quindío Cielo López Gutiérrez recordó que todo el asunto obedece a una comunicación que en 2016 dirigió el alcalde de Quimbaya a la administración departamental solicitando que se cancelara la inscripción en el registro de entidades sin ánimo de lucro de la asociación luciferina.

El asunto no es de poca monta, porque la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 19, habla claramente de la libertad de cultos. A la letra dice: “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”.

Adicionalmente, el gobierno del Quindío, desde la llegada del mandatario actual Carlos Eduardo Osorio Buriticá ha pregonado la libertad de cultos y la ha convertido en una política pública del gobierno a través de una ordenanza de la Asamblea Departamental. Así, la duma departamental adoptó el proyecto de ordenanza por medio de la cual se adopta la Política Pública de Libertad religiosa en el Departamento del Quindío, que trae 18 artículos. El objeto es fortalecer la institucionalidad para que se garantice desde el ámbito administrativo la protección del derecho de la Libertad Religiosa y de Cultos en el Departamento.

Igualmente, la ordenanza habla de fortalecer a las entidades religiosas y sus organizaciones para aumentar su capacidad organizacional y de incidencia, como un mecanismo que genere construcción de capital social y propicie la participación del sector interreligioso en la agenda e instrumentos de desarrollo frente a los asuntos públicos.

Si lo que se pide es cancelar el registro de la Asociación Templo Luciferino Semillas de Luz, de las entidades sin ánimo de lucro, que reposa en la oficina jurídica del departamento del Quindío, claramente se podría incurrir en una violación a la libertad de cultos como mandato constitucional y como política pública departamental.

Así que, en medio de una sociedad cristiana, dividida entre católicos y evangélico y un gobierno departamental regido por un sacerdote, lo que tiene entre manos la gobernadora adhoc del ministerio del Interior, Beatriz Lorena Ríos Cuéllar, es una verdadera ‘papa caliente’ que arde en el horno de Lucifer en el Quindío.