La urbanización es, tal vez, el rasgo más definitorio de los tiempos actuales. De acuerdo con el centro de pensamiento McKinsey Global Institute, de Estados Unidos, se proyecta que hacia el año 2030, el 60% de la población viva en las ciudades. La modernización económica como tendencia inherente a la globalización, ocurre principalmente en áreas urbanas, pues las actividades industriales, comerciales, financieras, así como el intercambio de ideas, de tecnología y de innovación, y las decisiones políticas que gestionan o armonizan los intereses de todos, naturalmente se dan en espacios de alta concentración demográfica. Por esto, las ciudades que actualmente se destacan por ser notables actores internacionales, debido a su capacidad para generar riqueza y oportunidades, son justamente las de mayor crecimiento poblacional o, por lo menos, las más exitosas para atraer inversionistas y visitantes. Abren sus puertas a turistas, profesionales y emprendedores jóvenes, medianas y grandes empresas multinacionales, trabajadores de todos los sectores, o estudiantes que aprovechan convenios de movilidad académica.

Desde Los Ángeles, Nueva York o Vancouver, pasando por Ciudad del Cabo, Lagos, Dubai, Tokio o Medellín y Bogotá, hasta los epicentros urbanos de Europa, como Londres, París, Berlín, Madrid o Barcelona, se observan fenómenos similares, tanto los positivos o virtuosos como los grandes problemas. En la medida en que se expanden o emprenden esfuerzos por controlar el crecimiento desordenado, sus gobiernos se preocupan por hacerlas más habitables, eficientes en su movilidad o en la generación y consumo de energía, y sobre todo, más seguras.

Por estos días, medios como la BBC, Der Spiegel y CNN, han estado alertando sobre la rampante inseguridad de Barcelona, una de las puertas de entrada al Mediterráneo. Desde siempre abierta y cosmopolita, Barcelona padece hoy una ola de atracos callejeros, asaltos a viviendas, violaciones y homicidios, que tiene alarmados a sus habitantes, a los miles de turistas que la visitan cada día, y a las fuerzas de seguridad. A todos, menos a su alcaldesa, Ada Colau, quien considera que no hay una crisis de inseguridad en la ciudad, y que los hechos reportados son tan puntuales, que no constituyen una tendencia generalizada. Sin embargo, las estadísticas, que Colau no ha leído o desestima, contradicen su relajamiento: Mientras Madrid logró disminuir los delitos más comunes en casi 38%, entre 2016 y 2019, en Barcelona, en el mismo lapso, se incrementaron en un 58%.

Situaciones semejantes se viven en San Francisco, Detroit, Nueva York y, por supuesto, casi todas las ciudades más populosas de América Latina. Frente a este problema global de inseguridad urbana, los líderes políticos y los gobernantes tienen una responsabilidad indiscutible, pero las posiciones sobre cómo resolverlo tienden a ideologizarse y apartarse del pragmatismo. Con frecuencia, la victimización del delincuente y de los aparatos de criminalidad organizada a los que pertenece, más una administración de justicia débil y corrupta, hacen casi imposible la misión de garantizar la vida, las libertades públicas y la tranquilidad de los ciudadanos. Figuras como Ada Colau, Eric Garcetti (alcalde de Los Ángeles) o Gustavo Petro, parecen tener en común su preferencia por el desorden institucional y el caos, y minimizan el efecto paralizante que la inseguridad ejerce en la vida de una ciudad, cuando lo que se reclama con urgencia son políticas públicas de seguridad eficaces, que permitan mantener el orden y combatir sin tregua a la delincuencia, difundida como un virus por el mundo entero.

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