En el marco del cuarto Comité Departamental de Primera Infancia y Adolescencia, la secretaría de Salud de Armenia, en cabeza el médico Bernardo Gutiérrez Montoya, los delegados de la Procuraduría Regional Quindío, la secretaría de Familia de la Gobernación y las diferentes Comisarías de Familia, se socializaron los desafíos y los avances en materia de Política Pública de Infancia y Adolescencia y el panorama actual del trabajo infantil en la región.

Trabajo infantil

Harold Bedoya, referente regional del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, manifestó que en Colombia a finales del año anterior 644.000 menores entre los 5 y 17 años de edad trabajaban en los diferentes sectores de la economía, mientras que en el Quindío 1.095 niños y niñas se dedicaban a laborar, siendo el municipio de Calarcá con 893 menores quien tiene el índice más alto del Departamento, seguido de lejos por Armenia con 125.

Prevención

La Política Pública en mención tiene tres líneas de acción, como son la de erradicación y prevención del trabajo infantil, la erradicación de la explotación sexual y comercial de menores y la de prevención de reclutamiento, utilización y uso de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos amados organizados y grupos delictivos, elementos en los que trabaja la administración municipal mediante la garantía, reconocimiento y protección de los derechos en salud, educación y alimentación escolar de los menores.

Prioridad

El encuentro también permitió concluir que los entes territoriales y las entidades competentes deben concentrar esfuerzos en el enfoque preventivo de derechos y vulneraciones, en la educación y protección social, en atención prioritaria diferenciada, en la calidad y cobertura de las atenciones, y principalmente en abrir espacios de participación de niños niñas y adolescentes.

Finalmente, el comité determinó que todos los municipios del Quindío deben realizar una caracterización detallada de los menores que se encuentran inmersos en el trabajo infantil y que son objeto de la vulneración de sus derechos, con el fin de tomar las medidas pertinentes que permitan mitigar la problemática.