El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, aseguró que hay que pensar en establecer la responsabilidad penal a las personas jurídicas, porque a las empresas corruptas “hay que ponerle sanciones, quitarles la personería jurídica, eliminarles los beneficios tributarios, retirarles el registro mercantil y, sobre todo, impedirles que vuelvan a contratar”.

En su intervención en el “Primer foro de responsabilidad penal empresarial” realizado en la Cámara de Comercio de Bogotá, el jefe del Ministerio Público anunció que presentará un proyecto que incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas antes de las próximas elecciones, y advirtió que buena parte de los protagonistas de la corrupción “siguen orondos por el mundo de los negocios como si nada hubiera pasado, y eso hay que pararlo”.

Agregó que la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una garantía para las propias empresas en términos de competitividad, igualdad, y respeto a las reglas de juego organizacionales, y enfatizó en que “el gran negocio del sector privado es obrar con transparencia, probidad y rendición de cuentas”.

Carrillo Flórez sostuvo que el daño institucional que causa la corrupción al Estado es irreparable, que además “carcome la confianza en los mercados y en las instituciones. De ahí que la manera ética de hacer empresa sea hoy un factor fundamental de crecimiento empresarial y de competitividad”.