El procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa Germán Calderón España negó la solicitud de la defensa del gobernador Carlos Eduardo Osorio Buriticá de anular el juzgamiento que se le sigue al mandatario por la vía oral, o audiencia verbal, y convocó para el 4 de octubre la continuación de la audiencia que había iniciado el pasado 3 de septiembre.

El defensor del gobernador, abogado Fabio Peláez, había solicitado que se anulara la audiencia verbal y se reiniciara todo el proceso, por la vía ordinaria y no por la acción extraordinaria de la audiencia verbal, y en forma separada para las 4 personas implicadas en el asunto. Argumentó que había falta de competencia para que se hiciera por este procedimiento, pues se halló una presunta indebida tipificación de la falta y, por tanto, el proceso debería de ser ordinario y no verbal.

El procurador Calderón España había pedido 8 días para resolver la solicitud de la defensa, lo que, efectivamente, resolvió ayer, negando total y contundentemente esa petición. "Tengo absoluta competencia, no se están negando los derechos de los disciplinados, será un solo proceso y no uno por uno, se mantiene la delegatura como lo ordena la ley y no tienen derecho a la réplica", dijo el procurador España ayer, al término de la diligencia en la Procuraduría General de la Nación, hacia las 6:30 de la tarde, convocando, de inmediato, continuar la audiencia verbal contra el mandatario y tres personas más el próximo 4 de octubre.

La Procuraduría General de la Nación ha llamado al gobernador a audiencia pública por presuntas irregularidades en un contrato para la implementación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad -SIES- y la línea de atención 123 por un valor superior a $2.360 millones. En el caso están implicaos también el para entonces secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos, hoy director del Departamento para la Prosperidad Social regional Quindío; la directora de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación Ciudadana del departamento, Juliana Hernández Henao, y el gerente y representante legal de la Empresa para la Seguridad Urbana -ESU-, David Viera Mejía.

Según la Procuraduría, en la adjudicación del contrato se evadió el proceso de licitación pública y se habría otorgado, mediante la modalidad de contratación directa, a una empresa que aparentemente no contaba con la capacidad técnica ni operativa para ejecutarlo, en este caso a la ESU.

El Ministerio Público señaló que ante la aparente imposibilidad de realizar los trabajos contratados, ESU subcontrató a un tercero, con lo que terminó cumpliendo un papel de intermediario, lo que habría incrementado en un diez por ciento los costos de ejecución.

De acuerdo con lo expresado por el procurador, la audiencia verbal continuará sin ninguna excepción, pues no le permitió a la defensa el derecho a réplica sobre el procedimiento.