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Colombia  |  16 septiembre de 2019  |  08:31 AM |  Escrito por: Edición web

Procurador mediará por reunión entre autoridades indígenas del Cauca, fuerza pública y Gobierno Nacional

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El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció su intención de mediar por una reunión entre las 126 autoridades indígenas del norte del Cauca, la fuerza pública y el Gobierno Nacional, para buscar una salida a la crisis de seguridad que enfrenta la zona y hacer un seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de la pasada minga.

Tras reunirse con líderes del norte del Cauca, el jefe del Ministerio Público señaló que con esta herramienta de  diálogo social se busca “aclarar una serie de situaciones que han llevado a malos entendidos”.

Carrillo Flórez precisó que en el encuentro que sostendrá en las próximas horas con el Presidente, Iván Duque Márquez, buscará concretar esta mesa de diálogo, “porque no se puede desperdiciar ese gran esfuerzo que se realizó y se frustró a última hora”. 

“Acá hay que romper una serie de estigmatizaciones, según las cuales la fuerza pública no entra a determinados territorios porque la guardia indígena no lo permite, y aquí esas autoridades fueron enfáticas en asegurar que eso no es cierto, y que ellas están dispuestas a colaborar en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales, con las limitaciones que tienen”.

El Procurador indicó que en esta región del Cauca falta presencia militar y oferta social, y esa combinación de deficiencias “marca la ausencia territorial, genera situaciones como la que se dio en días pasados en Suárez y alimenta la máquina de la guerra”.

Frente a las elecciones del próximo 27 de octubre, el Procurador General exigió más resultados para hacer frente a la alerta roja declarada en el norte del Cauca.

Al término del encuentro se acordó la necesidad de una nueva reunión en noviembre y la participación en la gran consulta por la reforma a la justicia, ante la urgencia que experimentan las comunidades de que se defina las competencias entre la jurisdicción ordinaria y la indígena.

Finalmente, se estableció que con apoyo de la Procuraduría se fortalecerá el diálogo social, para que desde el Ejecutivo no se sigan tomando decisiones que aviven conflictos entre las comunidades indígenas, los campesinos, los pueblos afrodescendientes y las autoridades, especialmente la fuerza pública. 

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