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Armenia  |  11 noviembre de 2017  |  12:00 AM |  Escrito por: Jairo Olaya Rodríguez

Asentamientos humanos ilegales, grave problema en Armenia

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Articular a todas las entidades y autoridades para que actúen de manera oportuna y eficiente en casos de invasión ilegal de predios públicos y privados, es una de las conclusiones a que se llegó al término de un debate en que se analizó el tema en el Concejo de Armenia.

Al debate asistieron, entre otros funcionarios, la secretaria de Gobierno, Gloria Cecilia García; la personera municipal; Juliana Victoria Ríos; el contralor municipal, James Medina; el procurador departamental Ernesto Amézquita, y voceros de la Policía y Ejército.

La convocatoria al debate fue hecha por el presidente de la corporación, Diego Torres Vizcaíno, y se tuvo la participación de los concejales asistentes, quienes urgieron a las autoridades para tomar decisiones que contengan el problema que crece día día.

La secretaria de gobierno explicó los procedimientos que se siguen y dijo que están en actividad 442 procesos reivindicatorios para buscar la restitución de los bienes inmuebles invadidos.

Una queja general fue que la administración municipal no tiene el inventario exacto de los inmuebles que tiene diseminados por la ciudad, y que, al transcurrir el tiempo, cada vez se hace más difícil recuperarlos.

Habló la personera

La personera municipal, Juliana Victoria Ríos,  dijo que como representante del Ministerio Público debe proteger los derechos de las personas, en especial aquellas que están en alto grado vulnerabilidad, así como a todos los grupos poblacionales, desplazados y migrantes.

La funcionaria insistió en que se debe respetar el debido proceso, y que antes de proceder a desalojar a los ocupantes ilegales de terrenos, es mandato legal realizarles una visita para identificarlos, ver su sitio de procedencia, establecer si son de población vulnerable y anunciarles la diligencia de desalojo, que no debe ser en horas nocturnas.

No obstante, la funcionaria dijo que su despacho está en disposición de colaborar con las demás autoridades, siempre y cuando que también se les ayude para que se establezcan provisionalmente, bien sea pagándoles unos meses de arrendamiento, e  incluyéndolos en programas de vivienda.

Investigaciones complementarias

Durante el debate quedó claro que es absolutamente imprescindible realizar un censo para identificar a cada uno de los invasores, y averiguar si son propietarios de otros inmuebles, si ya recibieron subsidio para vivienda y lugar de procedencia.

Así mismo, mediante la revisión de  aerofotografías se podrá establecer cuánto tiempo lleva la ocupación de determinados sectores.

También, se urgió a las autoridades para que investiguen y pongan en manos de la justicia a quienes venden predios públicos o privados, pues pueden incurrir en varios delitos. En el debate se aseguró que hay verdaderas empresas dedicadas a esos ilícitos.

   El procurador

El agente del Ministerio Público departamental, Ernesto Amézquita, dijo que su trabajo consiste en hacer acompañamiento para que cuando se realicen procedimientos policivos de desalojo, se hayan cumplido todos los procedimientos legales, a fin de que no se vulneren los derechos de las personas, y confirmó que en Quindío hay bandas organizadas dedicadas a la venta de predios que son de propietarios particulares  y públicos.

Así mismo, el procurador expresó su preocupación porque el crecimiento de la población está mostrando que en cinco años habrá problemas para el suministro de agua potable.

Con respecto a la prestación de los servicios públicos, hubo expresiones de extrañeza, pues gran cantidad de viviendas subnormales tienen conexión a acueducto, electricidad y gas domiciliarios, y solicitaron hacer averiguaciones para establecer por qué se presenta ese fenómeno y si hay complicidad de funcionarios que colaboran para esos efectos.

¿Proceso de legalización?

El contralor de Armenia, James Medina, en su intervención dijo que su despacho también está preocupados por el problema, pero dejó abierta la puerta para que después de estudios serios se establezca cuáles asentamientos tienen más de cinco años de haberse establecido, para proceder a legalizarlos, como lo dispuso una ley expedida hace poco.

 

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