La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al alcalde del municipio de Filandia, Quindío, José Roberto Murillo Zapata (2016-2019), por presuntas irregularidades en materia contractual.

En primer lugar se le reprochó la presunta omisión de publicar oportunamente los documentos y actos administrativos de 20 contratos en el Secop, conducta con la cual podría haber violado el principio de publicidad que regula la contratación pública.

En segundo lugar se cuestionó al mandatario porque, al parecer, podría haber fijado el cronograma inserto en la invitación pública dentro del proceso de selección de mínima cuantía 01-2016, expedido el 20 de enero de 2016, en horas y días no hábiles para la presentación de las propuestas, y evaluación de las ofertas recibidas.

Murillo Zapata podría haber incumplido el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 que establece como falta el participar en la actividad contractual “(…) con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley”.

Así mismo, pudo transgredir el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 que en su artículo 2o. contempla que “en los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones”.

En esta etapa procesal la Procuraduría Provincial de Armenia calificó las faltas del primer mandatario como gravísimas a título de culpa gravísima, por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.

En ejercicio del derecho a la defensa que le asiste, el investigado podrá solicitar o aportar las pruebas que estime pertinentes, según ha dicho la Procuraduría.