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Colombia  |  12 diciembre de 2019  |  12:32 AM |  Escrito por: Edición web

Cayó el ‘combo de Tellus’, en Pereira

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El Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de Pereira (Risaralda) dictó medida de aseguramiento intramuros a cuatro posibles integrantes de la organización delincuencial denominada El Combo de Tellus, capturados en días pasados como resultado de un trabajo articulado entre la Fiscalía y la Sijín.

Según su presunta responsabilidad, el ente acusador les imputó cargos así:

Jonathan Bonilla Giraldo, alias Morroco, presunto líder de venta de estupefacientes y supuesto coautor de un homicidio: concierto para delinquir con fines de narcotráfico; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en calidad de autor; homicidio en calidad de cómplice y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Paula Andrea Estrada López, alias Paola: concierto para delinquir con fines de narcotráfico; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en calidad de autor; homicidio en calidad de cómplice y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Anderson Montoya Arias, alias Morocho: homicidio a título de dolo en calidad de autor y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones a título de coautor.

Juan David Agudelo Escobar, alias Yiyo: concierto para delinquir con fines de narcotráfico a título de dolo en calidad de autor.

La organización delictiva tenía línea jerárquica y se dedicaba a perpetrar homicidios selectivos, al parecer por ajuste de cuentas, y a la distribución de sustancias estupefacientes en los barrios El Triunfo, Alameda y San Judas, de la capital risaraldense.

Con estas capturas la Fiscalía esclareció los homicidios de Edgar Leandro Díaz Gutiérrez, Giovanny Velásquez Osorio y Jhon Jairo Londoño Arias, ocurridos entre los años 2018 y 2019.

Los judicializados aparentemente se caracterizaban por sembrar el terror entre la comunidad, ostentar armas de fuego, amenazar e intimidar de manera constante a los habitantes, así como causar graves lesiones a personas del sector.

Al término de las diligencias, la defensa apeló la decisión emitida por el juez de garantías.

 

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