El Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Calarcá negó el recurso de reposición interpuesto por el abogado de los dos exfuncionarios de la empresa de servicios públicos de Calarcá Multipropósito, tras considerar que en él hubo una indebida argumentación. El juez también rechazó la apelación respecto a la medida de aseguramiento dicada contra los implicados.

El pasado 11 de diciembre, el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Calarcádictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Catherina Díaz Quiroz y Milton Antonio Moreno Lemus, funcionarios de la empresa Multipropósito ESP SAS., del municipio de Calarcá, por los delitos de concierto para delinquir agravado, administración desleal, falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, cargos que no aceptaron.

El contexto de esta historia judicial

En 2014 la empresa Injomar que solo tenía el 0.01 % de las acciones de Multipropósito adquirió el 70% por medio de un crédito concedido por un grupo constituido por tres empresas. Así, ese mismo grupo empresarial prestó una suma de $2.400 millones a Injomar por un término de un mes, pero el pago no fue saldado.

Es así como a Jorge Arturo Sanabria Sánchez, quien ya murió y tenía el control de Injomar, se le iniciaron en el año 2014 dos procesos en un juzgado de Bogotá que generaron el embargo y secuestro de las acciones de la empresa que encabezaba.

Al parecer, para respaldar esa deuda implementó una supuesta planta de tratamiento residual –Ptar- en 2015. Multipropósito contaba con una fiducia para administrar todo el recaudo de los dineros, por lo que a través de un otrosí al contrato de fiducia, Sanabria Sánchez supuestamente hizo ampliaciones del cupo de endeudamiento por un valor de $12.611 millones 942.043pesos, destinados a la Ptar.

El investigado Milton Moreno Lemus, al ser interventor de Multipropósito, fue nombrado como contratista de la obra, lo cual se presume aprovechó para generar unos estudios falsos en un terreno inexistente del municipio para la Ptar.

Igualmente, el hoy procesado fue quien aprobó que otro de los empresarios implicados pasara una cuenta de cobro por un valor $ 3.783 millones 582.613 pesos, como concepto del anticipo del 30% de ese contrato.

Para la consignación del anticipo de obra ese empresario creó dos cuentas en el Banco de Bogotá de Armenia y una de las personas con firmas autorizadas para realizar desembolsos y movimientos de las mismas fue CatherinaDíaz Quiroz, jefe de control interno de Multipropósito y quien al parecer empezó a hacer movimientos bancarios con los $ 3.783 millones 582.613 pesos para saldar la deuda de Sanabria Sánchez y para beneficiar a los demás empresarios implicados.