El alcalde de Armenia Óscar Castellanos Tabares debe pagar una multa cercana a $25 millones de pesos, como pena de prisión conmutable, por haber dejado llenar la ciudad de vendedores semiestacionarios, de acuerdo con providencia del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia que aceptó un incidente de desacato interpuesto por un ciudadano.

La decisión fue adoptada este 13 de diciembre y es de inmediato cumplimiento, según la sentencia que compulsó copias al Tribunal Administrativo del Quindío para que se cumpla el efecto devolutivo en grado jurisdiccional de consulta.

El incidente de desacato fue interpuesto por el ciudadano Germán Obando Roa desde el 19 de julio de 2019, alegando que el alcalde Castellanos Tabares no había cumplido la Acción Popular fallada en contra del municipio que ordenó desde el 5 de agosto de 2013 recuperar el espacio público de la ciudad y, por tanto, reubicar los comerciantes informales ubicados en las calles de Armenia.

El despacho judicial sostiene en su libelo que aunque el proceso de reubicación se encuentra agotado en todas sus partes, el pasado 10 de abril se libró un auto, donde se evidencia la proliferación de vendedores semiestacionarios, y se ordenó al alcalde en un plazo de un mes, adoptar las medidas pertinentes para evitar la constante ubicación de dichos vendedores en las calles del centro de la ciudad.

La alcaldía de Armenia presentó, a su vez, las acciones que ha realizado para controlar la proliferación de estas ventas, como la vinculación de gestores de convivencia a la administración municipal para adelantar campañas pedagógicas, la compra de un camión para cargar la mercancía decomisada, los operativos con la Policía, entre otros.

Sin embargo, la juez consideró que estas actividades no representaban acciones reales para corregir el problema cuestión. En auto del 26 de octubre, la juez le dice al alcalde: “…es un hecho notorio que las medidas tomadas por el municipio son totalmente inservibles pues la situación de invasión del espacio público anunciadas en el auto que dio inicio al presente incidente de desacato se ha tornado aún más grave, pues proliferan en cada esquina carretillas con elementos perecederos, accesorios para celulares, entre muchos otros…”. Y concluye: “Por tanto, la situación no se ha superado”.

También argumentó el alcalde y sus abogados que la obligación de retirar a los vendedores ambulantes es de la Policía, a lo que la juez enfatizó que esa es una obligación exclusiva del alcalde de la ciudad, por ser la primera autoridad del municipio y estar contemplada legalmente entre sus responsabilidades. En este sentido, la sentencia es clara que el alcalde Castellanos omitió su responsabilidad de ofrecer un espacio público despejado a los ciudadanos de Armenia.

La pena, multa de 30 salarios mínimos mensuales legales, cerca de $25 millones de pesos, debe cumplirse en los términos de ley.