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Política  |  20 septiembre de 2017  |  12:00 AM |  Escrito por: Edición web

En Procuraduría, Sandra Hurtado se juega su vida política

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En Procuraduría, Sandra Hurtado se juega su vida política

La audiencia pública está prevista para este jueves en el despacho del procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal en Bogotá.

La audiencia pública que está prevista para este jueves en el despacho del procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal en Bogotá, a la que ha sido citada la exgobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio, puede resultar definitiva para su vida política, no solo con miras a las próximas elecciones para Congreso de la República, sino para los diez años siguientes, como mínimo.

La audiencia, prevista para las 9 de la mañana de este jueves escuchará a las partes sobre las presuntas irregularidades en contratación pública en que pudo haber incurrido la señora Hurtado en desempeño del cargo de gobernadora del Quindío.

La Procuraduría ha dicho que tanto Hurtado como el actual director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío Jhon James Fernández López y el abogado Julio Ernesto Ospina Gómez, estos dos en calidad de gobernadores encargados en el mismo período, trasgredieron, al parecer, el principio de transparencia y el deber de seleccionar objetivamente la contratación estatal, al suscribir seis convenios interadministrativos con Empresas Públicas del Quindío, antes Esaquín, y la Promotora de Vivienda del Quindío. 

¿De qué se tratan estos convenios? 

A través de ellos, se le dio la potestad a estas dos entidades, una, empresa industrial del Estado y otra de carácter descentralizada
del gobierno departamental, para contratar con privados casi todas las obras que se realizaron con dineros de las regalías y de los llamados cupos indicativos del gobierno nacional, como con recursos del crédito.

Los convenios entre las tres entidades fueron seis, pero de ellos se desprendieron decenas de contratos, que fueron a parar a manos de los amigos de la administración departamental de entonces, en la mayoría de los casos sin licitación pública, donde casi siempre apareció un solo oferente. 

EL QUINDIANO supo que esos contratos que otorgaron las dos entidades, Esaquín (hoy EPQ) y la Promotora de Vivienda, al amparo de los convenios interadministrativos, superaron los $200.000 millones. Uno de los cuestionamientos de la Procuraduría es que estas dos entidades no tenían la capacidad técnica ni financiera de ejecutar estos contratos, por su monto y su complejidad.

La Procuraduría también considera que las dos entidades subcontrataron la ejecución de las obras públicas y la elaboración de los estudios y diseños que les fueron encomendados, es decir, no los hicieron ellas por falta de capacidad técnica y financiera, como queda dicho.

A la diligencia que se cumplirá este jueves en Bogotá también deberán asistir Heidelmann Grajales Puentes y Jhonny Alberto Rodríguez Jaramillo, exgerentes de EPQ y Proviquindío, quienes habrían infringido el principio de responsabilidad de la contratación al firmar dichos convenios, y al no tener las condiciones para desarrollarlos.

Sobre este particular, la Procuraduría ha dicho que las entidades públicas se deben regir por el principio de transparencia que les indica el deber de contratar con quienes tengan la capacidad de proveer el bien o servicio requerido.

“(…) El artículo 24 de la Ley 80 de 1993, establece que será objeto de escogencia del contratista cuando la entidad encargada de adelantar el proceso de contratación defina reglas objetivas, justas, claras que permitan recibir la mayor cantidad de ofertas, haciendo plausible que en la contratación estatal se adelanten procesos en igualdad de condiciones para todas las personas que estén en la capacidad de ofrecer el bien o servicio que se requiera”. Y todo indica que este principio se violó en el caso que implica a la exgobernadora Hurtado Palacio.

La calificación de la falta, por parte de la Procuraduría, como gravísima, a título de culpa gravísima para la exgobernadora y los señores Fernández López y Ospina Gómez, es señal de que la Procuraduría podría aplicar sanciones drásticas como suspensión o destitución del cargo, lo que los inhabilitaría para ocupar cargos públicos, según varios abogados consultados por EL QUINDIANO.

En el caso de Hurtado Palacio, no podría participar en las próximas elecciones; y en el de Jhon James Fernández tendría que dejar su actual puesto de director de la CRQ.

Las audiencias públicas orales, como la que nos concita, se hacen para agilizar los procesos. Por tal motivo, se estima que las decisiones podrían tomarse en los próximos ocho o quince días, después de la audiencia.

 

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