El viernes 14 de febrero vence el plazo otorgado a las entidades públicas nacionales y territoriales para reportar la vinculación de personal con discapacidad a sus plantas de personal en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP, con corte al 31 de diciembre de 2019, lo que representa el primer balance de cumplimiento del Decreto 2011 de 2017, expedido por el Gobierno nacional para establecer los porcentajes de ingreso de este sector de la población al Estado.

La norma estipula que, para el 31 de diciembre de 2019, debían estar ocupados por personas con discapacidad el 2% de las plantas que cuenten entre 1 y 1.000 empleos; si las plantas registran entre 1.001 y 3.000 empleos, se debía asignar el 1%; y, finalmente, las personas con discapacidad debían ocupar el 0,5% de las plantas mayores a 3.001 empleos

El director de Función Pública, Fernando Grillo afirmó que “El empleo público del país continúa avanzando de manera firme hacia la integración de personas con discapacidad en sus plantas de personal”, y resaltó el rol fundamental y la guía de la Alta Consejería para la Participación de las Personas con Discapacidad, en cabeza de su director Jairo Clopatofsky, así como del Ministerio de Trabajo y el Servicio Público de Empleo, cuya acción efectiva ha permitido llevar este mensaje a todo el país para lograr la meta, al final del cuatrienio, de vincular al menos a 12 mil de estas personas al sector administrativo

Las cifras de 2019

De acuerdo con cifras del 30 de noviembre de la vigencia anterior, 3.877 personas con algún tipo de discapacidad están vinculadas al sector público, de las cuales 1.645 laboran para entidades del orden nacional y 1.563 pertenecen al orden territorial.

Adicionalmente, la Rama Judicial cuenta con 420 personas con discapacidad en sus entidades; los órganos de control, 96 en el orden nacional y 83 en el territorial; a los entes autónomos nacionales han ingresado 40 nuevos servidores y en los territoriales 19; finalmente, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición cuenta con 9 servidores con discapacidad y la Rama Legislativa con 2.

Así mismo, los hombres representan el 57% y las mujeres el 43% del total de personas con discapacidad en el servicio público.

En cuanto al tipo de vinculación de estos servidores públicos, el 37,4% hace parte de la carrera administrativa; el 33%, tiene nombramiento provisional; el 9,1% es de libre nombramiento y remoción y el 2,2% son trabajadores oficiales.

La discapacidad más frecuente entre este grupo de servidores públicos es la física con 41,8%; le siguen la visual, con 27,5%, y la auditiva, con 9,5%.

Adicionalmente, se destacan los altos niveles educativos que ha alcanzado esta población, que el 35% cuenta con estudios profesionales; el 16% presenta especialización y el 22% acredita estudios en carreras técnicas y tecnológicas.