El Tribunal Administrativo del Quindío les ordenó a los ministerios de Educación y de Hacienda pagar la deuda a los maestros del Quindío, resultante de fallos judiciales que reclamaban el derecho a una prima de servicios. Aunque el ministerio de Educación, en abril de 2018 certificó que efectivamente la nación debía este dinero, los pagos no se hicieron porque el ministerio de Hacienda se negó a hacerlo indicando que esta era una obligación de la gobernación del Quindío.

Por esta deuda, el abogado de los maestros Yovany López embargó las cuentas del departamento hasta por $22.000 millones de pesos, aunque la deuda era de $15.000 millones. De estos dineros, el gobierno pasado pagó, con recursos del balance del Sistema General de Participación, es decir, dinero de la nación, por lo menos $7.000 millones, es decir que la deuda real asciende a unos $8.000 millones.

Ante la negativa del gobierno nacional de pagar esa deuda, el gobierno anterior del padre Carlos Eduardo Osorio, a través del abogado Gustavo Adolfo García Botero, acudió como último recurso a una Acción Popular, donde le pidió al Tribunal Administrativo del Quindío amparar los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público. El abogado argumentó que con la negativa de la nación, el departamento del Quindío se vería a perder parte de su patrimonio público, con detrimento social para importantes programas sociales: tercera edad, salud, educación, recreación, alimentación escolar, deporte, etc.

La decisión del Tribunal

El Tribunal declaró, primero, no probadas las excepciones argumentadas por la defensa de los ministerios de Educación y Hacienda. En segundo término declaró la protección al derecho colectivo a la moralidad administrativa y al de patrimonio público de los quindianos.

En consecuencia, el Tribunal, con ponencia del magistrado Juan Carlos Botina Gómez, ordena al departamento del Quindío, en un plazo de 20 días, efectuar la liquidación de la obligación que por concepto de la prima de servicios reconocida en sentencia judicial se encuentra pendiente de pago, e informar a la Nación, Ministerio de Educación, cuál es el monto con el que actualmente cuenta para contribuir a su pago.

Validar y Certificar la deuda

Igualmente, el fallo ordena a la Nación, Ministerio de Educación, validar y certificar la deuda acorde con el respaldo documental que a su disposición pondrá el ente territorial. Si el ministerio de Educación manifiesta, dentro de los 20 días siguientes a que reciba la documentación del gobierno departamental, no tener recursos para pagar la deuda, debe notificarlo en los cinco días siguientes al Miniterio de Hacienda, para que este concurra con el pago.

Tienen 20 días de plazo

El Tribunal les da a los ministerios de Educación y Hacienda 20 días, después de tener todos los soportes correspondientes, para que “realicen las actuaciones necesarias tendientes a satisfacer la obligación que le asiste con la concurrencia de los recursos”. También le da 15 días al ministerio de Hacienda para disponer de los recursos respectivos.

Este ministerio (Hacienda) “no podrá argumentar falta de soporte legal de la obligación para oponerse a concurrir en su pago, ni podrá valerse de presuntas responsabilidades al interior del ente territorial para eludar la concurrencia de recursos”, según dice el fallo en su parte resolutiva.

Finalmente, el fallo crea un comité de verificación, para que se cumpla lo emitido por el Tribunal. La decisión es de primera instancia.

En resumen, como siempre lo argumentó el exgobernador Carlos Eduardo Osorio y su abogado Gustavo Adolfo García, la deuda de las primas de los maestros es de la nación, no del departamento, y debe ser el ministerio de Educación quien desembolse esos dineros. Por tal razón, las cuentas del departamento nunca debieron ser embargadas.