Ante la fiscalía y los organismos de control competentes, denunciará Alejandro Rodríguez Torres las actuaciones y los hallazgos que se hicieron públicos durante el Cabildo Abierto por la defensa de EPA como patrimonio público.

El líder social denunció que el lote de propiedad de Empresas públicas de Armenia, en pleno centro de la ciudad donde antes del terremoto funcionaba la alcaldía de esta capital, está en manos de terceros y la restitución del bien no se ha podido lograr, situación que ha obligado a EPA a seguir un proceso judicial.

Aseguró Rodríguez que unas personas cercanas a un exalcalde encartado en la actualidad, están vinculadas a dicho proceso, por lo tanto, interpondrá denuncias penales, al tiempo que deploró la ausencia en el cabildo de los organismos de control.

Se refirió a la gravedad que representa la pérdida de $1. 250 millones de EPA, en sociedad Acuaseo sin que existan dolientes en la empresa, en donde a nadie parece importarle este hecho y más grave aún, que la actual gerente María del Pilar Herrera Pardo, vincule mediante contrato de prestación de servicios por $48 millones, al señor Gustavo Adolfo Pineda Aguirre, quien en su condición de integrante de la Junta Directiva de la empresa, participó en la constitución de la sociedad Acuaseo y autorizó el desembolso de los recursos que se perdieron, siendo premiado con este contrato pese a ser una de las personas que han afectado el patrimonio público de Armenia, sin que se presente la correspondiente sanción social.

Además, se pregunta Rodríguez, porqué la liquidación de dicha sociedad solamente se registra en la Cámara de Comercio de Tumaco y no se eleva a escritura pública, lo que la mantiene viva.

Formuló un llamado a la DIAN para que revise la manera como se pretende usufructuar la figura de las zomac, por una firma que se ubica en los límites entre Armenia y Salento, para extender su accionar en EPA, con el agravante que EPA pago impuesto del 33% mientras que Hutilita no va a pagar nada.

Concretamente durante el cabildo, Alejandro Rodríguez llamó la atención en torno a tres contratos, el de Gustavo Adolfo Pineda Aguirre de prestación de servicios por 48 millones de pesos por 8 meses, 6 millones mensuales para adelantar una actividad para la cual hay personal especializado en la EPA.

Además, se refiere a dos contratos que suscribió la actual gerente de Epa, que tienen que ver con la lectura y la distribución de facturación, que se los ganó la misma empresa FRC, uno por $980 millones y otro por $818.

Propone la creación de una red nacional con organizaciones que luchan contra la corrupción a nivel nacional, para volver pública y viral la contratación de EPA.

Denunció la presencia de Jhony Alberto Rodríguez Jaramillo, haciendo uso de los espacios y bienes de EPA, pese a la sanción de suspensión en su contra, durante el proceso que cursó a la exgobernadora del departamento por irregularidades en convenios interadministrativos, además fue el líder del empalme de la administración municipal, por lo que libremente atiende personal en el pasillo del piso sexto, recibe hojas de vida y entrevista personas, en medio del desconcierto y malestar de funcionarios de la empresa.

Para complementar esta denuncia, solicitará a la fiscalía y al CTI que pidan las imágenes de las cámaras de seguridad.