Ante una serie de manifestaciones de inconformidad por parte de la ciudadanía, el Concejo Municipal de Génova, después de varios días, tomó la determinación de emitir una comunicación dirigida a la Edeq, para cuestionar el incremento tarifario que ahora se viene aplicando.

Ha dicho el vocero de la corporación en misiva fechada el pasado 7 de abril, que es inadmisible e insolidaria la actuación empresarial, de manera especial en los actuales momentos de caos y confusión, indicando que el azote de la pandemia generado por el Coronavirus y la obligada cuarentena, se han convertido en factores de afectación a la economía de las gentes.

Se solicita por parte del cabildo una reedición de las facturas que al momento se han distribuido, donde se contemplan los incrementos desmesurados, basando la reclamación en las difíciles circunstancias actuales y en la mentada empatía de la empresa para con los usuarios.

Otra de las situaciones incluidas en la reclamación tiene que ver con el cierre temporal del punto de pago, habilitándose para esta función los centros de apuestas, donde a la par se adelantan los pagos de subsidios del Estado, lo que se hace contraproducente en los actuales momentos de aislamiento social.

Contrasta la actuación de la Edeq con las menciones emitidas hace cerca de un mes ante la propia corporación, donde se hacía manifestación de sostenibilidad tarifaria, en actuación que como ha sido tradicional con esta clase de organismos invitados a la sesión edilicia, no pasan de ser actividades distractoras.

Y sobre el tema, al conocerse el historial de la operacionalidad de la Edeq, hoy en manos de Empresas Públicas de Medellín, son varias las voces que a la par reclaman un juicio de responsabilidades, aunque sea de carácter cívico, frente a los gobernantes de carácter departamental que nunca reclamaron para el Quindío el paquete accionario después de la desaparición del Icel; del mandatario municipal, que concretó la venta de las acciones; de la clase parlamentaria que dejó, con su indiferencia, perpetrar el saqueo de la potencial propiedad quindiana, y de los concejales del momento que avalaron, tal vez bajo cantos de sirena, la negociación.

Desde entonces, con un amplio poder accionario de Empresas Públicas de Medellín, y con el beneplácito de la CREG, manejada por la política antioqueña, y del ministerio de Minas, los incrementos tarifarios se han presentado de manera continua, y continuaran sin parar, pues no existe una clase parlamentaria que defienda al Quindío, no hay representación en la duma que eleve su protesta, a la vez que los concejos no son escuchados, mientras los usuarios se ven obligados a cancelar lo impuesto so pena de sufrir los cortes.

Las anteriores acciones, los incrementos insolidarios de este servicio, se van convirtiendo en caldo de cultivo para un estallido social, puesto que las gentes cada día sometida a pagos desmesurados, se verán obligadas a una protesta de consecuencias, han dicho voceros de la comunidad.