Contralor General del Quindío niega la existencia de contradicciones con la Procuraduría por procesos investigativos en los que está involucrado el alcalde de Calarcá Luis Alberto Balsero relacionadas con actuaciones en materia de contratación en el marco de la Urgencia Manifiesta por la pandemia.

En el caso que involucra al alcalde Balsero del municipio de Calarcá, la Contraloría del Departamento a cargo de Luis Fernando Márquez Álzate, aclaró que una cosa es que la celebración de los contratos cumplan con el objeto de la urgencia manifiesta y otra muy diferente es que esos contratos en sus etapas pre contractuales y post-contractuales hubiesen cumplido con las condiciones legales para su celebración, por lo tanto, no tiene nada que ver el pronunciamiento sobre la legalidad de la Urgencia Manifiesta con la existencia de una contradicción del ente de control fiscal con la Procuraduría.

Explicó que, en cumplimiento de su función legal la Contraloría General del Quindío se pronunció indicando que efectivamente algunos de estos contratos tales como los de kits de mercados, artículos de aseo, raciones alimenticias, etc. son pertinentes y por lo tanto cumplen con el objeto de minimizar el impacto generado por el COVID-19.

Respecto al que aparece publicado en el Secop con el número 007 por 396 millones de pesos, es un contrato que tiene un pronunciamiento tanto por parte de la Contraloría General del Quindío, como de la Procuraduría y además en este momento es materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Mencionó el contralor del departamento, que desde la Comisión Regional de Moralización del Quindío, este órgano de control fiscal, así como la Contraloría Municipal, la Personería, la Auditoría General de la República y el Consejo Seccional de la Judicatura, se encuentran trabajando coordinadamente, tanto con la

Procuraduría como con la Fiscalía y por lo tanto, no existe ninguna discrepancia ni contradicción al respecto.