Por Pedro Santana Rodríguez
Director Revista Sur
Las políticas puestas en marcha por el gobierno de Iván Duque Márquez frente a la crisis social profundizada por la pandemia desatada por la Covid-19 se caracterizan como hemos señalado por su minimalismo y miserabilismo. Esas políticas basadas en auxilios monetarios a los programas asistencialistas ya existentes principalmente familias en acción, adultos mayores y jóvenes en acción además de un nuevo programa “Ingreso Solidario” han buscado al menor costo posible reducir los impactos ocasionados por el coronavirus. Con todos estos programas se ha buscado llegar a unos ocho millones de familias a las cuales aún no se llega, pues, por ejemplo, el programa “Ingreso solidario” buscaba llegar a tres millones de familias y según cifras del gubernamental Departamento Nacional de Planeación a la fecha apenas se ha cubierto con un auxilio pírrico de 40 dólares a 2.6 millones de familias. Lo que a todas luces no solo muestra las dificultades para cubrir la población objetivo sino que es una suma irrisoria frente a las necesidades de estas familias, completamente desprotegidas. Estas familias apenas han recibido este recurso insuficiente.
El Gobierno de Duque consciente de sus pírricas políticas y ante el creciente descontento de la población se apresuró de hecho a levantar la cuarentena drástica que había decretado a partir del 24 de marzo. Primero y a partir del 27 de abril permitió la reapertura de los sectores de la construcción y la manufactura que emplea a cerca de 7.5 millones de trabajadores que han ido reingresando a sus puestos de trabajo con precarias medidas de bioseguridad no solo en sus sitios de trabajo sino en los medios de transporte colectivo que son lugares de contagio. Los controles quedaron en manos de los alcaldes municipales quienes son los encargados de cumplir con las órdenes emanadas del gobierno nacional y con la vigilancia para controlar las medidas de bioseguridad tanto en el trabajo como en los medios de transporte. Así, ellos aparecen como los responsables del desconfinamiento y de la apertura de las actividades económicas. Más recientemente el gobierno expidió unas nuevas medidas que exceptúan 43 actividades con lo cual el grueso de las actividades económicas reemprenden sus actividades. Como se ha señalado con 43 actividades económicas no hay cuarentena así demagógicamente el gobierno insista en que ésta se mantiene para protegerla salud y la vida de los habitantes del territorio colombiano.
Con levantamiento de facto de la cuarentena Duque quiere bajar la presión social y política que exige medidas más robustas como el proyecto de renta básica de emergencia que ha sido presentado en el Congreso de la República y cuenta con el respaldo de 54 senadores de 9 bancadas políticas, que son la mayoría sobre un total de 107 senadores que conforman actualmente este cuerpo legislativo. Este proyecto busca aprobar con una vigencia de tres meses un ingreso para cerca de 9 millones de familias, cerca de 30 millones de personas, con un ingreso mensual de un salario mínimo legal vigente que es aproximadamente de unos 270 dólares mensuales y que equivale aproximadamente a 2.2% del Producto Interno Bruto, PIB.
Pero además con ello Duque busca tapar rápidamente la ineficiencia del Estado que ha sido incapaz de llegar con los escasos auxilios monetarios a regiones apartadas del país y que concentran las mayores necesidades sociales tales como el corredor pacifico colombiano que va desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Panamá. En este corredor no solo se concentran los territorios con mayores cultivos de coca y de actividades de minería ilegal sino también la presencia de grupos armados ilegales que favorecen y se dedican a estas actividades, pero, al mismo tiempo estos territorios concentran la mayor parte de necesidades en materia de infraestructura y de bienes públicos como escuelas, infraestructura de salud, ausencia o precariedad de vías de transporte y altísimos niveles de desempleo e informalidad amen que es donde se concentra una buena parte de la población afrodescendiente e indígena. Recientemente en estos territorios es donde más duro ha golpeado el coronavirus dado que la red hospitalaria está comenzando a ser desbordada por la pandemia. También en los territorios de la Amazonía y la Orinoquía en donde viven la mayor parte de las comunidades indígenas y en donde la presencia del Estado es residual y muy débil.
Con el levantamiento de la cuarentena Duque asume un riesgo grande en cuanto al aumento del contagio y el desborde inevitable del privatizado e insuficiente sistema de salud. Hoy queda claro que los cerca de tres meses transcurridos desde la declaratoria de la emergencia no fueron aprovechados para lo que se utilizan las cuarentenas que es para fortalecer los sistemas de salud y su capacidad para atender a los enfermos más graves que requieren de Unidades de Cuidados Intensivos, UCIS. La meta del gobierno de pasar de aproximadamente 5.400 unidades disponibles al comienzo de la pandemia a 10 mil unidades, no se ha cumplido. Según informes del Instituto Nacional de Salud las nuevas Unidades apenas se han incrementado en un número cercano a mil que luce insuficiente pues en algunas grandes ciudades como Cali y Barranquilla, por ejemplo, la utilización está ya por encima del 80% de las unidades disponibles. En Bogotá estamos próximos a una utilización del 50%. Llegados a ese nivel se pasara a decretar la alerta naranja y a endurecer las medidas de confinamiento con lo cual la estrategia de Duque sufrirá un duro golpe. Vendrán de nuevo medidas que restringirán actividades económicas recién reabiertas con el agravante del aumento del contagio y de los muertos por la pandemia.
Es de anotar que el plan de aumentar a 10 mil las UCIS era irreal dado que no existe disponibilidad de ventiladores en el mercado internacional. Muy pocos han llegado y los que se fabrican aquí aún no han recibido la aprobación del organismos estatal que certifica su idoneidad, el Invima. Todo ello se presenta en un momento en el cual se registra un aumento sostenido del contagio que hoy supera los mil diagnosticados por día. Estamos en pleno ascenso de la llamada curva del contagio. Ya los casos se aproximan a 35 mil y seguirán aumentando pues es una consecuencia atada inexorablemente al debilitamiento de la cuarentena, esa era la consecuencia de esa medida. Por ello no dudamos en calificarla en su momento de irresponsable ante el poco avance de las medidas necesarias para el fortalecimiento del sistema de salud: dotación de infraestructura y aumento de las Unidades de Cuidados Intensivos, pago de los salarios atrasados al personal sanitario, plantas temporales de médicos y enfermeras y demás personal sanitario, puestas bajo la dirección de las secretarias de salud para hacer frente a la pandemia y dotación de medidas de bioseguridad al personal sanitario. En ello no se ha avanzado. Hoy, por ejemplo, son más de mil los infectados por el virus del personal sanitario con 11 médicos fallecidos.
Así pues las políticas sanitarias para hacer frente a la pandemia muestran profundas grietas que se pueden profundizar en la medida en que aumentan los enfermos y las políticas sociales son precarias, minimalistas.
Más medidas en contra de los trabajadores
Este miércoles 3 de junio se expidió otro decreto que lesiona los intereses de los trabajadores. Este gobierno no oculta sus propósitos ni el contenido de sus políticas así trate de justificarlos con discursos efectistas. Por medio del decreto de emergencia 770 del 3 de junio se autoriza a que los empresarios difieran el pago de la prima de servicios que por ley deberían cancelar en la segunda quincena de junio correspondiente a un salario mensual, hasta el próximo 20 de diciembre, pudiendo pagarla en tres cuotas hasta esa fecha. Eufemísticamente se señala que siempre y cuando se pongan de acuerdo con sus trabajadores. Y como todo lo de este gobierno, aprueba un paliativo que consiste en que el Estado apoyará hasta con una suma de 220.000 pesos para ayudar a cubrir la prima de servicios a los trabajadores que devenguen hasta un millón de pesos. Es característico de este gobierno no asumir nada completo solo un porcentaje, así lo ha hecho con la nómina y ahora lo hace con la prima de servicios.
Esto lesiona aún más la muy debilitada capacidad adquisitiva de los trabajadores cuyas organizaciones rechazaron la medida y hoy 4 de junio han iniciado una jornada nacional de protesta con la realización de plantones en las principales ciudades del país. Un nuevo golpe a los trabajadores al que se suma el hecho reconocido que el desempleo ha llegado a cerca del 20% de la población económicamente activa. Hoy hay 5.3 millones de desempleados en el país.
Es por todo ello que cobra una gran importancia tanto la movilización social que deberá reinventarse para expresarse así como el proyecto de renta básica de emergencia que deberá seguir su trámite la próxima semana en el Senado de la República en abierta contradicción con las políticas minimalistas del gobierno que quiere salir de la crisis con el menor costo posible.
TOMADO DE REVISTA SUR
Comenta esta noticia