La Cámara de Representantes cuestionó las altas tarifas de los servicios públicos durante los últimos tres meses, y concluyó que la solidaridad de las empresas prestadoras con los usuarios ha brillado por su ausencia.

Presentamos las conclusiones al debate de control político por cobros excesivos en los servicios públicos domiciliarios en tiempos de Covi-19, tras el debata al que asistieron los ministerios de Minas y Energía y Comercio, como la Superintendencia de Servicios Públicos.

Las conclusiones son recomendaciones para que se asuman compromisos con los usuarios. Dichas conclusiones son las siguientes:

1. Aumentar el consumo básico de subsistencia para todos los servicios públicos domiciliarios, de manera que no se sigan incrementando los costos de las facturas, en razón a un mayor consumo derivado de la obligación de permanecer mayor tiempo las familias en sus viviendas.

2. Eliminar la posibilidad de que se realicen otros cobros en las facturas de los servicios públicos, diferentes al servicio público en sí. Por ejemplo, el cobro del alumbrado público no debería estar en la factura de energía, porque no es un servicio público domiciliario.

3. Solidaridad de las empresas prestadoras de los servicios públicos. En medio de la pandemia, la solidaridad de las empresas con los usuarios ha brillado por su ausencia. Se debe reducir el componente de comercialización para que no solo haya un congelamiento del valor del kilovatio o el metro cúbico como lo decretó el gobierno, sino una disminución.

Si se asumen estas medidas, se permitirá una disminución real en el valor de las facturas de los servicios públicos domiciliarios para los usuarios en tiempos de Covid-19.