La Contraloría General de la República ha considerado como casos emblemáticos tramitados este año en el Quindío, las investigaciones por manejos irregulares del Sistema General de Participaciones –SGP, que afectaron al Municipio de Armenia, así como la veeduría al Proyecto del Túnel de La Línea, una de las actividades de control fiscal participativo de mayor impacto.

En su rendición de cuentas correspondiente a la presente vigencia, el organismo de control se reportó 33 procesos de responsabilidad fiscal por $4 mil 403 millones adelantados en el Quindío, entre agosto de 2016 y agosto de 2017.

En el mismo período, profirió 7 fallos con responsabilidad fiscal por $ 758.803.372 millones y la recuperación de $1.555.416.316 millones, en procesos de responsabilidad y a través de la jurisdicción coactiva, además de la suma de $ 1.029.268.468, como producto del trámite de indagaciones preliminares derivadas de la formulación de hallazgos en procesos auditores.

La Contraloría General de la República presentó su balance del año, durante rendición pública de cuentas realizado en Armenia, al cumplirse el tercer año de gestión del Contralor Edgardo Maya Villazón.

Destacaron los funcionarios del organismo de control algunos de los casos emblemáticos manejados por la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Quindío, entre los cuales se menciona el relacionado con el Municipio de Armenia cuya cuantía es de $35.495.768,00, originado en el proceso auditor adelantado al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones en el cual se cuestionó la aplicación de esos dineros en la adquisición de elementos ajenos al proceso de planeación e identificación de necesidades dentro del programa para el cual estaba concebido dicho rubro.

En este caso se encontró tiene que el municipio suscribió el contrato de compra de bolsos y morrales que no eran financiables con dineros del SGP por valor de $35.495.768,00, destinados a madres comunitarias, sustitutas y fami, es de anotar que la población objetivo se encuentra vinculada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), entidad que la cobija dentro de sus programas articulados y les brinda a través del operador del servicio de atención a la población infantil todos los elementos de dotación laboral propios para el cumplimiento de su labor.

Por lo tanto, el municipio con la adquisición de los bolsos y morrales terminó entregando elementos que eran ajenos a la orientación establecida en la norma relacionada con la atención a grupos vulnerables, además, no existe soporte documental que identifique la necesidad en el marco del programa anotado que diera lugar al objeto contractual cuestionado.

El proceso se encuentra en trámite y se lleva a cabo por el procedimiento verbal.

Adicionalmente la Contraloría se refirió al Proceso de Responsabilidad Fiscal adelantado frente a las actividades de la Red de Solidaridad Social (Acción Social) hoy Departamento para la Prosperidad Social (D.P.S).

En este proceso la Gerencia Departamental Colegiada del Quindío recuperó la suma de$1.229.177.682,00 la cual había sido entregada a la entidad privada Actuar Famiempresas, la investigación tuvo su origen en una denuncia ciudadana, dentro de la cual se pudo constatar que Acción Social hoy Departamento para la Prosperidad Social entregó el recurso restituido a través de un convenio, que contemplaba la devolución del mismo al culminarse el plazo pactado.

Fue así como una vez vencido el plazo nunca se verificó la reincorporación de dichos dineros a la Nación, situación que es contraria al mandato que impide que los recursos del Estado no pueden estar indefinidamente en manos de particulares cuando estos no ostentan la condición especial de beneficiarios.

A juicio de la entidad cuestionada, es decir Actuar Famiempresas, los recursos entregados a través del convenio siempre representaron una donación, lo cual contraviene a juicio del ente de control claras y expresas prohibiciones de orden constitucional y legal.

Como producto de su trabajo de auditoría se encontraron presuntas irregularidades en el contrato de compraventa celebrado entre el Icbf Regional Quindío con la empresa Plásticos MQ S.A.S., al adquirir bienes no permitidos por el instituto.

Dice en su informa el organismo de control que como hecho especial se tiene la adquisición de Bases para Cama por parte del Icbf las cuales no cumplieron la función para el desarrollo, bienestar y protección del niño, ni era una necesidad requerida.

Con lo anterior se materializó una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, al adquirirse elementos por valor de $116.043.866, que presuntamente no obedecieron a las necesidades de la población beneficiaria en situación de amenaza o vulnerabilidad con y sin discapacidad, ni cumplieron los fines esenciales del Estado, afectándose la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes al programa de los hogares sustitutos del Icbf.

Al referirse la Contraloría al proceso de responsabilidad fiscal adelantado en el municipio de Calarcá se encontraron irregularidades en el contrato celebrado para la construcción de obras de optimización del acueducto y alcantarillado del barrio Guaduales tercera etapa, y para ejecutar las obras de construcción de pavimentos en el casco urbano del municipio de Calarcá.

En el proceso se pudo obtener certeza del detrimento patrimonial, por cuanto se trataba de obras ocultas y, a través de una visita especial y con la colaboración de varios expertos, se logró determinar que no fueron ejecutadas.

Se falló con responsabilidad fiscal el 28 de abril del presente año, por valor de $71.488.802,82, encontrándose el proceso en la Dirección de Juicios Fiscales para surtir grado consulta.

De otro lado, se encontraron presuntas irregularidades en la ejecución de 5 contratos de aporte celebrados el 26 de enero de 2016 entre el ICBF y la Corporación para el Desarrollo y Bienestar Integral de la Comunidad Los Girasoles, en los que se habrían autorizado 2 desembolsos sin que hubieran sido legalizados y aprobados.

A pesar de tratarse de una Indagación Preliminar Fiscal que se encuentra en trámite, es de aclarar, que del valor total contratado $6.896.718.730, la entidad efectuó pagos al contratista por $3.744.662.409.

Debido a la persistencia en la no entrega de la información técnica, administrativa y financiera de la ejecución de los contratos No. 067, 068, 069, 070 y 071 de 2016 por parte del contratista Corporación “Los Girasoles”, los procesos contractuales fueron terminados de manera anticipada y de común acuerdo el día primero de agosto de 2016, lo que imposibilitó al Icbf continuar con el desembolso de los recursos y conllevó a que la entidad declarara el incumplimiento de los contratos.

En tal situación, la Contraloría considera que los contratos presuntamente no lograron la finalidad estatal, lo que va en contravía de las políticas públicas pretendidas y por tanto, este tema es materia de averiguación.