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Región  |  18 julio de 2020  |  12:00 AM |  Escrito por: Edición web

Contraloría vigila estrictamente la función administrativa de municipios y gobernación en la pandemia

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La contraloría del Quindío encabezada por Luis Fernando Márquez Álzate, ejerce monitoreo en la actualidad a 150 contratos suscritos en las distintas administraciones públicas, particularmente se concentra en los de urgencia manifiesta por la pandemia, celebrados en diferentes municipios y en el departamento, para que cumplan con el objeto de atender en forma adecuada la emergencia.

Afirmó el contralor departamental que en algunos municipios se han celebrado contratos que no tienen nada que ver con la pandemia, algunos para vigilancia privada o seguros, que no apuntan a minimizar el efecto del Coronavirus en la comunidad, además se vigila que cada municipio cuente con el decreto de urgencia para proceder a la contratación.

Informó que en desarrollo de la revisión y verificación a sobrecostos de contratos en distintos estamentos regionales o a hechos irregulares, se avanza en las auditorias correspondientes, como en los casos de Circasia y Calarcá.

Explicó que en Circasia se encontró uno de vigilancia privada el cual fue trasladado a la Procuraduría, mientras que otro de la gobernación, relacionado con kits de mercados fue trasladado a la Procuraduría y Fiscalía por incurrir en sobrecostos, sin embargo, antes de la auditoría se ajustaron los precios con el contratista, por lo que se descartaron los méritos para avanzar en el proceso.

Se refirió el funcionario a las labores de auditoría que se llevan a efecto a cuatro contratos de prestación de servicios en Calarcá y se refiere a presuntas irregularidades cometidas en cuanto a pagos en la personería de Circasia, lo que desborda los límites fijados en la norma de austeridad del gasto público.

Hecho que también ocurre y que excede los límites de gastos de las personerías, en Calarcá, La Tebaida, Quimbaya y al parecer en Armenia, donde están en verificación, para lo cual se solicita información con el fin de establecer los municipios que estaban incurriendo en esta práctica irregular.

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