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Columnistas  |  13 agosto de 2020  |  12:00 AM |  Escrito por: Wilfer Ulises García Pinzón

EL PACIFICADOR II

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Wilfer Ulises García Pinzón

Por Wilfer Ulises García Pinzón

Abogado & Periodista

Como de costumbre en mi columna de opinión di a conocer a mis lectores la manera sistemática como Jorge Alirio Barón Leguizamón, director general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional de Colombia Casur, fusilaba y masacraba la seguridad jurídica de los ciento cuatro mil afiliados que posee esta entidad descentralizada vinculada del sector defensa, donde el direccionamiento estratégico hacia el futuro en nada se ve proyectado a convertir esta entidad como referente y mucho menos a generar prosperidad económica y colectiva entre sus afiliados.

El “Pacificador” después de ocho años de estar en esta dirección solo en sus afiliados el común denominador se nota el descontento general, expresado en medios de comunicación, redes sociales, solicitudes constitucionales, mecanismos y herramientas jurídicas, quienes abiertamente expresan: “no nos sentimos representados por Barón Leguizamón”, “no encontramos resultados significativos”, “solo encontramos negligencia en esta administración” “nos está vulnerando el mínimo vital”.

Da la impresión que este inclemente “régimen del terror”, como lo señalé en mi acostumbrada columna se mantiene vigente en la dirección de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional de Colombia Casur, Jorge Alirio Barón Leguizamón, repentinamente hizo su aparición acalorada en un video que se hizo viral en las redes sociales, cuando nunca lo había hecho, respondiendo a un efecto (acción reacción), los colombianos y la comunidad internacional lo vimos con un tono algo molesto y un discurso intimidante dirigido a los afiliados y sus familias beneficiarias de la asignación de retiro, quienes no dudan en cuestionar y señalar su atornillada administración dedicada a mantenerse caprichosamente en una “campaña pacificadora” mutilando y vulnerando los derechos constitucionales fundamentales en un Estado Social de Derecho en que viven los afiliados de Casur.

Desbordadas manifestaciones de inconformidad sobre esta entidad descentralizada Casur están siendo radicadas por sus afiliados ante el Ministerio de Defensa, Ministerio Público-Procuraduría General de la Nación y Presidencia de la República, quiénes han sido condicionados a asumir cargas operativas y técnicas administrativas del sector particular a la hora de implementar la cuestionada plataforma Dibanka, constituida legalmente al parecer el pasado 18 de mayo de 2020, la cual de manera inquisitiva por cuenta del “Pacificador” y sin previa consulta a sus afiliados se les está imponiendo, a pesar de que el único documento que faculta a la entidad pagadora para efectuar descuentos de nómina por cuenta de un crédito otorgado a favor del afiliado por una entidad operadora de libranza es la autorización escrita, expresa e inequívoca del beneficiario.

Pesan represados escritos sobre el escritorio del director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional de Colombia Casur, sendas solicitudes bajo el derecho constitucional de petición que reclaman sin más espera los términos de otorgamiento de créditos convenidos por los afiliados en la modalidad de libranza, sumidos en la desesperanza, incertidumbre y sin la certeza de adquirir en la actualidad los beneficios de aplicar a créditos oportunos del sector financiero, todo ello atribuible a la burla y cruel discurso del “Pacificador” quien viene fusilando y masacrando esta vez el derecho constitucional fundamental al mínimo vital de los veteranos de la Fuerza Pública hoy en calidad de afiliados, quienes defendieron por muchos años la seguridad, la democracia y la soberanía de Colombia, exigen además la renuncia irrevocable de este el “Pacificador” para que la institucionalidad les regrese las condiciones materiales básicas e indispensables bajo el principio de la dignidad y subsistencia autónoma, libre del temor y de las cargas de la miseria que les quiere imponer esta administración “al mando del Pacificador”.

Hoy se cuenta con una Reserva Activa organizada desde las bases, exigiendo a la administración de Jorge Alirio Barón Leguizamón, siempre bajo el principio constitucional de la igualdad los criterios de escogencia y selección que por más de ocho años se ha mantenido a la hora nombrar los coordinadores o enlaces de Casur en las diferentes ciudades del país, con sueldos onerosos, con la observancia y coincidencia que todos ellos hacen parte del nivel directivo (oficiales), negando la oportunidad en democracia a los veteranos de la Reserva Activa a ocupar estos cargos, quienes conforman la Suboficialidad y el Nivel Ejecutivo en muchos casos acreditan amplios, pergaminos, con un nivel académico superior a los hoy titulares en estos cargos.

Hace parte de este inventario de exigencias y reproches que ha recibido la administración de Casur por cuenta de sus afiliados, quienes por derechos adquiridos solicitan al gobierno nacional se les haga participe del enfoque de inclusión con una activa participación en todos los procesos que esta entidad adelanta y lidera sin dar lugar a etiquetas como al parecer así se ha dado por muchos años en Casur.

La ley 850 de 2003 reglamenta las veedurías y les ha permitido a la Reserva Activa, representantes de la bases hacer un seguimiento a los procesos en sede de contratación en particular al contrato PN-DIBIE Nro. 08-1-197-16 y al mismo otrosí, los cuales comprometen directamente a la administración de Casur y al centro vacacional ubicado en la localidad de Melgar, objeto de adecuaciones locativas, único y de exclusivo uso para los oficiales de la Policía Nacional, pareciera una vez más que los veteranos de la Reserva Activa en las bases se encuentran frente a un caso más de discriminación por cuenta del “Pacificador”.

se ha dicho de esta oscura y cuestionada administración del “Pacificador” como también un sector amplio de la sociedad rechaza vehementemente el continuismo en las administraciones, no cabe duda alguna que en la Reserva Activa son enfáticos en exigir una vez más la renuncia irrevocable de esta administración del señor Jorge Alirio Barón Leguizamón, no sin antes ofrecer una rendición de cuentas de sus largos ocho años de administración. Presidente Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia, usted tiene la palabra frente a los veteranos de Colombia.

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